Kenia López propone castigar como traidores a funcionarios ligados al narco
Por Bruno Cortés
La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar como traidores a la patria a los servidores públicos coludidos con el narcotráfico.
La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 123 para castigar a quienes establezcan acuerdos con organizaciones criminales y les proporcionen protección, información, recursos públicos o facilidades operativas.
La legisladora sostuvo que la figura de traición a la patria debe aplicarse a funcionarios que comprometan la seguridad y las instituciones del Estado en beneficio de grupos delictivos, y no utilizarse como un recurso de confrontación política.
López Rabadán señaló que los servidores públicos tienen la obligación de actuar en beneficio de la ciudadanía y advirtió que quienes colaboren con el narcotráfico deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.
La panista llamó a Morena, al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo a respaldar la iniciativa, al considerar que el combate a la corrupción y los vínculos entre autoridades y organizaciones criminales debe estar por encima de las diferencias partidistas.
Asimismo, cuestionó el uso del concepto de traición a la patria en el debate político y afirmó que deben establecerse criterios legales claros para identificar y sancionar las conductas de funcionarios que favorezcan a grupos delictivos.
La iniciativa busca que las sanciones alcancen a quienes utilicen sus cargos para someter funciones estratégicas del Estado, como la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, el control migratorio y aduanero, así como las labores de inteligencia.
La diputada también se refirió a investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado, y demandó que las autoridades actúen con objetividad, sin distinciones partidistas y con respeto al debido proceso.
Finalmente, López Rabadán insistió en que su propuesta pretende establecer consecuencias legales específicas para los servidores públicos que colaboren deliberadamente con organizaciones del narcotráfico y comprometan el ejercicio de las funciones del Estado.
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