Buscan proteger a menores contra violencia familiar y vicaria
Por Bruno Cortés
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer la protección de este sector frente a la violencia familiar y por interpósita persona.
La propuesta plantea que las autoridades federales, estatales y municipales estén obligadas a prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes sean afectados por estos tipos de violencia, así como cuando sufran humillaciones, amenazas o daños físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales.
La legisladora explicó que la iniciativa busca modificar el artículo 47 de dicha legislación, incorporando disposiciones que permitan reconocer a los menores como víctimas directas de la violencia que ocurre dentro del entorno familiar.
Silva Andraca señaló que niñas, niños y adolescentes no deben ser considerados únicamente como instrumentos utilizados para causar daño a las mujeres, sino como personas que también sufren las consecuencias de los conflictos y agresiones entre sus progenitores.
Indicó que estas situaciones pueden afectar su desarrollo emocional, psicológico y físico, particularmente cuando quienes ejercen la patria potestad o tienen a su cargo su cuidado participan en relaciones de violencia.
La iniciativa también plantea que las autoridades actúen bajo el principio del interés superior de la niñez, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y ofrecer condiciones que permitan su desarrollo integral.
La diputada recordó que la violencia por interpósita persona, también conocida como violencia vicaria, ya fue incorporada en otras disposiciones legales, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal.
Asimismo, sostuvo que es necesario reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no únicamente como víctimas indirectas de las agresiones que se producen entre personas adultas, por lo que consideró necesario fortalecer su protección jurídica.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
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