Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de la legisladora Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) para reformar el artículo 2º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La propuesta técnica establece que las medicinas de patente, similares y genéricos adquiridos por personas de 60 años o más para consumo personal se graven con una tasa del 0%. Actualmente, el universo de beneficiarios potenciales asciende a 17.1 millones de ciudadanos, cifra que el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta llegará a los 35.4 millones para el año 2050.
El sustento estadístico de la reforma se apoya en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), que reporta un gasto de bolsillo promedio de 6,421 pesos anuales por familia. Este rubro presentó un incremento real del 7.9% en comparación con el ejercicio 2022, evidenciando una presión inflacionaria sostenida en el sector farmacéutico. La métrica de impacto indica que 857 mil hogares mexicanos enfrentan hoy gastos catastróficos por motivos de salud.
La operatividad de la exención fiscal requeriría que el consumidor acredite su identidad mediante identificación oficial vigente y presente una prescripción médica a su nombre. Este mecanismo de control busca evitar la elusión fiscal y asegurar que el beneficio impacte directamente en el consumidor final. La propuesta ha sido turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictaminación técnica y evaluación de impacto presupuestario.
De acuerdo con el diagnóstico legislativo, el 31% de la población adulta mayor en México —aproximadamente 3.9 millones de personas— vive en condiciones de pobreza. El documento subraya que la falta de seguridad social afecta al 70% de este segmento, dejándolos desprotegidos ante las fluctuaciones de precios en el mercado de insumos médicos privados. La tasa cero actuaría como un estabilizador del ingreso disponible para este grupo vulnerable.
El análisis de morbilidad destaca que la demanda de medicamentos en este sector se concentra en tratamientos para enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Estas patologías exigen un consumo recurrente y permanente de fármacos, lo que convierte al IVA en un impuesto regresivo que penaliza la supervivencia biológica del contribuyente de edad avanzada.
La reforma pretende mitigar la doble carga económica que enfrentan los adultos mayores: la disminución de ingresos por jubilación o cese laboral y el aumento exponencial de necesidades clínicas. Los datos del Conapo sugieren que, de no ajustarse los mecanismos de protección social, la sostenibilidad de los sistemas de salud enfrentará un reto estructural sin precedentes en la próxima década.
Finalmente, la legisladora argumenta que la medida no solo es un ajuste fiscal, sino una herramienta de política pública para prevenir el empobrecimiento asociado a contingencias sanitarias. La reducción del costo final de los medicamentos de patente y genéricos busca equilibrar la balanza comercial de los hogares que actualmente destinan una fracción desproporcionada de sus recursos a la adquisición de salud básica.
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