Urgen en el Senado erradicar trabajo infantil en México ante récord de 3.5 millones de menores en riesgo

CIUDAD DE MÉXICO a 2 de noviembre del 2026 (Noticias de México).— Ante un panorama nacional donde cerca de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, la senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para exigir la acción urgente y coordinada de las autoridades federales y estatales orientada a erradicar la ocupación laboral no permitida y garantizar la permanencia escolar de la infancia vulnerable.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) dirigió su exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Sistema Nacional DIF y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). La propuesta demanda intensificar la inspección y vigilancia en los sectores económicos y regiones geográficas de mayor incidencia, priorizando las actividades agrícolas, de construcción y comerciales, donde los menores enfrentan jornadas extenuantes y riesgos físicos severos.

«Detrás de cada niña o niño que trabaja existen familias con dificultades económicas y barreras para acceder a la educación. Una niña que abandona sus estudios o un adolescente expuesto a labores peligrosas ven limitadas sus posibilidades de romper el ciclo de la pobreza», advirtió la legisladora por Zacatecas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, de los 3.5 millones de menores en esta condición a nivel nacional, alrededor de 1.8 millones desempeñan ocupaciones no permitidas por la legislación mexicana. Bañuelos destacó el caso crítico de Zacatecas, entidad que registra una tasa de ocupación infantil no permitida del 8.3%, superando por 1.7 puntos porcentuales la media nacional fijada en 6.6%.

Ante esta disparidad territorial, la senadora enfatizó que las políticas públicas de prevención, becas educativas y asistencia social deben articularse con un enfoque focalizado en las comunidades rurales y zonas de alta marginación, garantizando que el interés superior de la niñez y el derecho a la educación prevalezcan sobre cualquier necesidad económica.