Huachicol fiscal: promueven en Matamoros a agentes acusados

Por Angélica Beltrán

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gobierno de Tamaulipas promueven hacer negocios en el Puerto de Matamoros con agentes aduanales que enfrentan acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por huachicol fiscal, de acuerdo con una investigación de Grupo Reforma publicada este lunes 2 de noviembre.

Según el reportaje, retomado por Periódico AM, al menos tres agentes aduanales aparecen en la lista oficial de octubre del llamado Puerto Norte como elementos autorizados y recomendados para realizar trámites de comercio exterior, pese a que la Fiscalía los relaciona con redes de contrabando de combustibles.

Quiénes son los agentes ligados al huachicol fiscal

Los nombres que aparecen en el documento promocional de la terminal son Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak, de acuerdo con la publicación.

Hantulio Ordóñez, agente aduanal desde 1996 y con patente para operar en la Aduana de Matamoros, aparece desde julio de 2024 en acusaciones penales por omitir información en el pago de impuestos por la importación de hidrocarburos. Reforma lo vincula con el expediente de la empresa Portacelis, ligada a presuntos prestanombres de Jorge Amílcar Olán.

Víctor Carretero Zardeneta, titular de Servicios Aduanales JR, es considerado prófugo por la FGR por su presunta participación en la importación irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los casos más grandes de huachicol fiscal, en el que la Fiscalía también involucra al exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

María Cristina Cházaro Mabarak es investigada por la FGR tanto en Matamoros como en Altamira, según el reportaje. La presentación del puerto señala que Carretero y Cházaro también cuentan con patente para operar en Altamira.

El puerto que se promueve como «nueva alternativa logística»

El documento oficial presenta a la terminal portuaria en desarrollo de Matamoros como «la nueva alternativa logística» del Golfo de México, a unos kilómetros de Estados Unidos. Altamira, el puerto más importante de Tamaulipas, fue escenario en marzo de 2025 del decomiso de un buque con al menos 10 millones de litros de combustible ilegal, caso que destapó una red ligada a mandos de la Marina.

Este tema ha estado en la agenda nacional durante meses. El Senado recibió una reforma aduanera que endurece las sanciones contra el contrabando de combustibles, como informamos en Golpe al «huachicol»: el Senado recibe reforma aduanera con multas de hasta 100%.

El nombre de Amílcar Olán también ha aparecido en otros episodios recientes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó en octubre que el empresario estaba localizable para las autoridades, como publicamos en García Harfuch afirma que Amílcar Olán está localizable para el Gobierno.

Qué falta por aclarar

Hasta el cierre de esta nota, ni la ANAM ni el Gobierno de Tamaulipas habían respondido públicamente a la publicación (PENDIENTE). Tampoco se ha informado si las patentes de los agentes señalados están suspendidas o si siguen vigentes para operar en las aduanas de la entidad.

Los agentes mencionados no han sido sentenciados y gozan de la presunción de inocencia. Las acusaciones de la FGR se encuentran en distintas etapas de investigación y proceso.

El caso de Ernesto Ruffo Appel también sigue abierto. A finales de octubre, una jueza le concedió una suspensión definitiva que impide iniciar el juicio oral mientras se resuelve su amparo, aunque la FGR aclaró que la medida no detiene la investigación.

Por qué importa

El huachicol fiscal consiste en importar combustibles declarándolos como otros productos, como aditivos o lubricantes, para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Las autoridades han estimado pérdidas millonarias para el erario por esta práctica, lo que la ha convertido en una prioridad de la estrategia contra la corrupción en aduanas.

La revelación de este lunes abre preguntas sobre los controles que aplican las autoridades aduaneras para autorizar y promover a los agentes que operan en los puertos del país, un tema que seguramente llegará al Congreso en las próximas semanas.