Embarazo infantil forzado: Barrales pide reconocerlo en la ley

Por Bruno Cortés

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC) Alejandra Barrales Magdaleno presentó una iniciativa para incorporar el concepto de embarazo infantil forzado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de que las autoridades tengan una base legal para activar protocolos de protección y fincar responsabilidades por la violencia sexual cometida contra niñas, informaron este domingo 25 de octubre El Universal y ContraRéplica.

La propuesta define el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual. Para ello, plantea adicionar una fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y un artículo 83 Bis a la ley general, de acuerdo con la descripción publicada por El Universal.

Por qué Barrales pide nombrar el embarazo infantil forzado en la ley

La vicecoordinadora de MC en el Senado argumentó que, cuando una niña de entre 10 y 14 años se embaraza, en México no existe un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan, una omisión que, dijo, las invisibiliza. “La definición del embarazo infantil forzado es indispensable porque sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”, afirmó.

Barrales citó cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): durante 2025, 7 mil 887 niñas de ese rango de edad se convirtieron en madres, un promedio de 22 nacimientos diarios. La senadora sostuvo que esos embarazos no pueden entenderse como algo normal, una decisión propia o consentida, por la especial vulnerabilidad de las niñas frente al acoso y la violencia sexual.

Como ejemplos, mencionó el caso reciente de una niña de 10 años que llegó a un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con un parto prematuro y complicaciones graves, y el de una niña de 11 años atendida en Matamoros, Tamaulipas, con cinco meses de embarazo producto de violencia sexual. También refirió uniones de niñas con hombres que les llevaban décadas, como una de 12 años con un hombre de 65 en El Oro, Estado de México, y una de 10 con uno de 32 en Texcoco. “De ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”, advirtió.

Qué obligaciones propone la iniciativa

El proyecto establece que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social tengan la obligación de notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando conozcan un caso, para que la investigación se active de forma automática, sin que la carga de iniciar las acciones recaiga en las niñas o en sus familias.

También plantea garantizar atención integral especializada: servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito, continuidad educativa y protección contra la revictimización. Además, propone un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos estatales tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado y el Estado pueda sancionarlo.

La iniciativa se suma a otras propuestas recientes en el Senado para proteger a la niñez frente a la violencia, como la de formar a madres, padres y tutores ante los riesgos digitales, que explicamos en la nota sobre las víctimas de abuso digital que callan, y a la agenda de homologación del tipo penal de feminicidio, que el senador Ignacio Mier fijó como prioridad, según publicamos en Noticias de México.

El camino legislativo del embarazo infantil forzado

De acuerdo con ContraRéplica, la propuesta fue turnada a comisiones del Senado para su análisis, por lo que todavía debe recorrer el proceso legislativo antes de ser discutida y, en su caso, aprobada. Las comisiones dictaminadoras específicas y la fecha de su eventual discusión no se han dado a conocer y quedan pendientes.

Por tratarse de una reforma a una ley general, en caso de aprobarse en el Senado tendría que pasar a la Cámara de Diputados, y la tipificación penal quedaría a cargo de los congresos en el plazo de 180 días que propone la iniciativa. Si prospera, el embarazo infantil forzado dejaría de ser un vacío legal y obligaría a las instituciones a tratar cada caso de una niña embarazada como una alerta de posible violencia sexual que el Estado debe investigar y atender.