Reclusorios de CDMX enfrentan el reto de modernizar instalaciones de hasta 70 años

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una transformación integral del sistema penitenciario con una inversión de 200 millones de pesos durante 2026, destinada principalmente a mejorar los servicios básicos y las condiciones de los centros de reclusión. Sin embargo, el alcance de las medidas, el deterioro de instalaciones antiguas y las diferencias sobre los diagnósticos de derechos humanos mantienen abierta la discusión sobre las condiciones reales en las cárceles capitalinas.

Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a septiembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que el nuevo modelo busca reducir la reincidencia delictiva, fortalecer la reinserción social y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Entre las primeras intervenciones destacó los trabajos previstos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con el planteamiento presentado por la mandataria, la estrategia se estructurará en tres ejes: la transformación física de los centros penitenciarios; la intervención integral durante el cumplimiento de las sentencias, mediante acciones que favorezcan el desarrollo personal y la reinserción; y el acompañamiento posterior a la liberación para facilitar la incorporación a la sociedad y reducir el riesgo de reincidencia.

El tercer componente busca atender uno de los obstáculos que enfrentan las personas que recuperan su libertad: la falta de oportunidades para acceder a empleo, servicios y redes de apoyo. No obstante, la efectividad de este esquema dependerá de la continuidad de los programas, la cobertura de los beneficiarios y los resultados que pueda acreditar la administración capitalina.

Brugada también adelantó que su gobierno trabaja en un modelo integral de defensoría para personas que no tuvieron acceso a una defensa adecuada por falta de recursos económicos. La propuesta estaría acompañada de una iniciativa de Ley de Amnistía que se presentaría ante el Congreso de la Ciudad de México, aunque en el anuncio no se precisaron sus alcances, los posibles beneficiarios ni los plazos para su discusión legislativa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, rechazó que existan centros penitenciarios bajo esquemas de autogobierno en la capital. El funcionario calificó como errónea esa conclusión y sostuvo que las autoridades están abiertas al escrutinio de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles.

La postura de la SSC surge ante las observaciones contenidas en un reciente informe sobre el sistema penitenciario, cuyos resultados, según el funcionario, reflejan un descenso en las calificaciones a nivel nacional. Para revisar las diferencias, la dependencia solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos, con el propósito de conocer los criterios metodológicos utilizados y contrastar la información disponible.

La controversia pone de relieve la importancia de que las evaluaciones penitenciarias se sustenten en indicadores públicos, verificables y comparables. La negativa de la autoridad capitalina constituye una posición institucional, pero por sí sola no sustituye la revisión de las condiciones de seguridad, el ejercicio de derechos y el funcionamiento cotidiano de los centros de reclusión.

Vázquez Camacho también rechazó que el sistema penitenciario de la Ciudad de México registre un hacinamiento de 130 por ciento. Según su explicación, la capacidad general sería suficiente, aunque reconoció que existen áreas específicas con sobrepoblación. Atribuyó parte de esta situación a la obligación de mantener separadas a las personas en prisión preventiva de quienes se encuentran en otras condiciones jurídicas, conforme a las disposiciones del sistema penal acusatorio.

El funcionario agregó que esta exigencia opera en instalaciones cuya antigüedad representa un desafío para su organización y funcionamiento. Los reclusorios Norte, Sur y Oriente, así como la Penitenciaría, cuentan con infraestructura de entre 50 y 70 años, de acuerdo con los datos expuestos por la SSC. Esta condición plantea necesidades de mantenimiento, adecuación de espacios y modernización que no se resuelven únicamente con intervenciones en servicios básicos.

En este contexto, la transformación anunciada tendrá que evaluarse no solo por el monto presupuestal destinado o las obras iniciadas, sino también por la reducción de la sobrepoblación en áreas críticas, la calidad de los servicios, el acceso a la defensa jurídica y los resultados de los programas de reinserción. La publicación de indicadores periódicos permitiría contrastar los compromisos oficiales con las condiciones documentadas por organismos de derechos humanos.

La información fue presentada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el informe de seguridad de septiembre. La evolución del proyecto dependerá de la ejecución presupuestal, la coordinación institucional y la capacidad de demostrar avances verificables en el respeto a los derechos humanos y la prevención de la reincidencia.