CDMX a 29 de septiembre de 2020.- Al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración Pública Local del Congreso local, el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, aseguró que en la actualidad la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son la más alta exigencia ciudadana, además de ser los pilares para lograr gobiernos democráticos y garantizar el derecho a una buena administración.
La sesión virtual estuvo encabezada por el diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, quien señaló que la transparencia y el combate a la corrupción son parte fundamental del servicio público, y destacó que la capital fue la única entidad que habilitó un portal durante la pandemia para dar toda la información relacionada con los recursos utilizados para su atención.
“Una ciudad democrática siempre va a priorizar la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de autorregulación y de consolidación de prácticas de vanguardia, como la transparencia proactiva”, expresó.
En tanto, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Comisión de Administración Pública, explicó que esta comparecencia abonará a la rendición de cuentas sobre cómo se gasta el presupuesto de la Ciudad de México, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno capitalina.
La legisladora del grupo parlamentario de MORENA destacó la importancia de la parte resarcitoria, y reflexionó sobre cómo desde el Congreso local se deben modificar las leyes para hacer más expedita y rápida su aplicación, en aquellos casos donde se determine el daño a la Hacienda Pública y así reintegrar estos recursos, además de buscar mejorar la aplicación de los recursos en las alcaldías.
Transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, exigencia ciudadana
En su intervención inicial en esta sesión virtual, Serrano Mendoza informó que dentro de las acciones realizadas desde la SCG son relevantes las evaluaciones efectuadas a 71 personas que realizan funciones de contraloría en los 65 órganos de control de los entes públicos de la Ciudad de México, para certificar sus competencias en fiscalización y régimen de responsabilidades administrativas.
“La transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son hoy la más alta exigencia ciudadana”, aseguró, al indicar que la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares esenciales que deben guiar todo ejercicio democrático de los gobiernos, materializando así el derecho a una buena administración.
Señaló que entre octubre y diciembre se realizaron 19 auditorías en alcaldías -16 en materia de derechos humanos, dos de obra pública y una de manifestación de construcción-, con sanciones por más de 42 millones de pesos; y 23 auditorías sectoriales, con sanciones por más de 153 millones de pesos; mientras que para 2020 se planearon 67 auditorías en alcaldías, 67 intervenciones y 64 revisiones de control interno, y en sectorial, 124 auditorías, 130 intervenciones y 91 revisiones de control interno.
Resaltó la importancia de dotar a la ciudadanía de los mecanismos para denunciar actos de corrupción de servidores públicos; e indicó que se recibieron ocho mil 416 denuncias y brindaron mil 860 asesorías ciudadanas, entre el uno de octubre de 2019 y el 31 de julio de 2020, además de mil 700 denuncias y 100 asesorías, del uno de agosto al 20 de septiembre de 2020.
“La Ciudad de México requiere que sus órganos de fiscalización dentro de sus atribuciones realicen una función honesta de supervisión en el manejo de los recursos públicos, y una rendición de cuentas permanente, constante y eficaz”, expresó.
Posicionamientos de las y los legisladores
En su intervención, la diputada Leonor Gómez Otegui destacó que la corrupción es un cáncer social y el principal problema que aqueja al país, por lo que es importante castigar a los saqueadores, por las irregularidades y los abusos cometidos, para mejorar la gestión pública.
El diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la asociación parlamentaria Encuentro Social, reconoció la labor realizada por el titular de la Contraloría para avanzar en la construcción de una nueva cultura de ética y honradez en el servicio público, y cuestionó si se realizarán acciones para supervisar las contrataciones directas asignadas durante la emergencia sanitaria.
La diputada Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, expresó que ya no debe haber tolerancia a actos contrarios a la ley en el manejo de los recursos públicos, por lo que es obligación del gobierno realizar una labor eficaz, eficiente, transparente y sin actos de corrupción, con la ciudadanía como parte de la rendición de cuentas, para lo que pidió reforzar y facilitar los mecanismos de denuncia ciudadana.
Al respecto, la diputada Jannete Guerrero Maya, del PT, recordó que de 2018 a 2019 México subió ocho lugares en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 138 al 130, de 180 países evaluados; y consideró que las medidas implementadas desde esta secretaria han sido acertadas, a la par de la participación de las contralorías ciudadanas en los procesos de supervisión y control.
Por el PRD, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, reconoció una labor profesional, eficiente y con empeño del funcionario compareciente, y sugirió extender las acciones de formación, capacitación y certificación al resto del personal de las áreas de Contraloría, no sólo a los titulares. Lamentó el recorte de recursos que sufrió esta dependencia durante el año 2020 y pidió información sobre los avances en las auditorías programadas para este año, ante la emergencia sanitaria.
El diputado Mauricio Tabe Echartea, del PAN, coincidió en que la impunidad es aliada de la corrupción, y que cuando no se actúa en contra de los actos de corrupción es muy probable que estos se repitan. Confió en que las dos denuncias presentadas por su partido en contra de funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo -por diversas irregularidades- tendrán seguimiento desde la Secretaría General de la Contraloría.
Finalmente, la diputada Lilia Rossbach Suárez, de MORENA, expuso que el combate a la corrupción es una exigencia de la ciudadanía y una obligación de todos los servidores públicos.
Adicionalmente, la diputada Paula Soto Maldonado, también de MORENA, se refirió a la corrupción inmobiliaria en las alcaldías, particularmente en Benito Juárez, y cuestionó sobre las acciones realizadas en este rubro, así como para verificar los contratos asignados por adjudicación directa -con sobreprecios- que se dieron durante la pandemia, y afirmó que en dicha alcaldía excedió el porcentaje aceptado para este tipo de contrataciones, que es de 20 por ciento.
