Ciudad de México, 30 de enero de 2024 – Michoacán se enfrenta a un desafío electoral sin precedentes, ya que al menos 140 casillas podrían no instalarse en comunidades indígenas para las próximas elecciones. Estas comunidades, que cuentan con sistemas de autogobierno, han expresado su oposición al sistema de partidos políticos tradicionales. David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, confirmó esta situación tras realizar un diagnóstico de riesgo, evidenciando la tensión entre las prácticas democráticas nacionales y los sistemas de autogobierno indígena.
En una entrevista con El Sol de Morelia, Delgado Arroyo mencionó que entre los municipios afectados se encuentran Cherán, Nahuatzen y Paracho, entre otros. Estas áreas, principalmente en la Meseta Purépecha, albergan a unas 50 mil personas que podrían verse impedidas de votar el 2 de junio. Esta situación afecta a 35 localidades indígenas en 16 municipios, abarcando ocho distritos locales y siete federales.
Este conflicto no es nuevo. Ya en las elecciones de 2018 y 2021, se enfrentaron situaciones similares con la baja de casillas en comunidades indígenas. En respuesta, el INE planea instalar casillas especiales en zonas cercanas a estas comunidades, aunque esto supone un aumento en los gastos operativos, requerirá más personal y equipo de cómputo.
Delgado Arroyo recordó que en 2018, mil 118 habitantes de Cherán ejercieron su voto en casillas especiales ubicadas en municipios vecinos. Esto demuestra que, a pesar de regirse por usos y costumbres propios, muchos miembros de estas comunidades están dispuestos a participar en el proceso electoral nacional.
Por su parte, Pável Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, indicó que de las 500 comunidades indígenas en el estado, 30 no permitirán la instalación de casillas. Sin embargo, en las 470 restantes, los habitantes no se opondrán a la colocación de urnas electorales.
En total, se planea instalar seis mil 512 casillas en todo Michoacán para el proceso electoral de 2024. Este desafío pone de relieve la compleja relación entre las prácticas democráticas tradicionales y el respeto a los sistemas de autogobierno de las comunidades indígenas.
