Ciudad de México a 28 de Marzo del 2022.- El diputado Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa para tipificar como delito la omisión de enterar al ISSSTE las cuotas y aportaciones de seguridad social.
El legislador puntualizó que se trata de establecer que cometen el delito de peculado los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos de seguridad social, que omitan enterar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil o administrativa en que incurran.
En ese sentido, busca también establecer en este marco legal que debe considerarse como servidor público a los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía y en general todas las personas que desempeñen algún cargo o comisión en los gobiernos locales.
El legislador expresó que la medida propuesta es importante porque la omisión de enterar cuotas y aportaciones al ISSSTE se ha normalizado.
Informó que, de acuerdo a información pública con datos a enero de este año, “gobiernos de distintos órdenes y colores adeudan al ISSSTE poco más de 70 mil millones de pesos”.
“Esta situación implica serios problemas financieros para que la institución cumpla a cabalidad su objetivo primario, la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado”, dijo.
Comentó que uno de los signos más evidentes de esta anomalía que perjudica a la clase trabajadora, es la negativa al acceso de créditos.
Señaló que miles de maestras, maestros, médicos, enfermeras, empleados y trabajadores de gobierno viven esta realidad, a pesar de que los descuentos de las cuotas a sus salarios sí se las hacen efectivas.
“Esa acción deshonesta, además de ser una falta administrativa, debe ser considerada como delito penal, puesto que es equivalente a robar a los trabajadores”, declaró el diputado.
