CDMX a 2 de febrero a 2024.- En un giro que ha sacudido el tejido social y económico de Argentina, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de privatización que incluye a 41 empresas públicas, entre ellas gigantes como Aerolíneas Argentinas, YPF y AYSA. Esta decisión, contenida en la llamada ley ómnibus, ha desatado una ola de protestas en las calles, donde la policía ha recurrido a balas de goma para dispersar a los manifestantes, dejando un saldo de violencia y represión que ha captado la atención internacional.
La lista de empresas a privatizar, que también sorprende por incluir al Banco de la Nación y sus subsidiarias, ha sido justificada por el gobierno como una medida para generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal y mejorar la calidad de los servicios.
Sin embargo, la oposición y diversos sectores de la sociedad ven en estas acciones un retroceso en la soberanía nacional y un ataque a los recursos naturales del país, que incluyen tierras agrícolas y ganaderas, petróleo, minerales y recursos forestales.
La represión policial en las afueras del Congreso, donde se debatía la ley, ha exacerbado las tensiones, con detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
La situación ha llegado a tal punto que la oposición ha abandonado el Congreso en señal de protesta.
El presidente, en un mensaje que resuena con desafío, ha criticado la opresión que vive Argentina, contrastando las políticas de su gobierno con las que, según él, «quitan» al pueblo. Este escenario plantea un desafío para la democracia argentina y pone en el centro del debate el rol del Estado en la economía y la protección de los recursos naturales.
