Ciudad de México, 11 de enero de 2024. En un movimiento histórico hacia la desestigmatización y la protección de los derechos humanos, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en sesión extraordinaria la derogación del delito de peligro de contagio, que estaba contemplado en el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal. Esta reforma legislativa, propuesta por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA), también incluye modificaciones en los artículos 76 y 130.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fundamentó el dictamen. La reforma elimina el delito de lesiones por contagio del catálogo de delitos de carácter culposo en el artículo 76, y ajusta las sanciones relacionadas con la transmisión intencional de enfermedades incurables.
Según el nuevo marco legislativo, la criminalización previa de la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual era considerada una violación de los derechos humanos de las personas diagnosticadas. La derogación busca, por tanto, eliminar la visión moralista y punitiva asociada a estas enfermedades.
No obstante, las reformas contemplan salvaguardas para situaciones específicas. Por ejemplo, el artículo 130 modificado establece que si una persona transmite intencional y maliciosamente el VIH u otra enfermedad de transmisión sexual, seguirá requiriendo el uso de las leyes penales. Esto es particularmente relevante en casos de violencia sexual donde una de las partes es infectada por su agresor.
El congresista Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA) destacó en su argumento de voto que estas reformas no solo abordan una deuda legislativa en la capital, sino que también enfrentan otra pandemia: la del prejuicio y la discriminación.
La diputada Ana Francis López Bayghen Patiño celebró el dictamen como el resultado del esfuerzo conjunto de legisladores, la jefatura de gobierno y las comunidades afectadas por el VIH. Este cambio legislativo representa un paso importante en la lucha contra la estigmatización de las personas que viven con enfermedades de transmisión sexual, y refleja un cambio progresista en la política de salud pública de la Ciudad de México.
