CDMX a 30 de diciembre del 2025 (Noticias de México).- La justicia social y ambiental para Cananea y las comunidades del Río Sonora avanza con una inversión histórica de 2 mil 222 millones de pesos, como parte de los Planes de Justicia impulsados por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Sonora, a cargo del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Con estos acuerdos se pone fin a un prolongado conflicto laboral minero y se atienden de manera integral los daños provocados por el derrame tóxico en el Río Sonora.
Durante la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, el gobernador Durazo destacó la voluntad política de la presidenta Sheinbaum para resolver dos conflictos sociales que permanecieron sin atención durante años: la huelga de la Sección 65 de Cananea y la contaminación del Río Sonora. Subrayó que estas acciones permiten saldar una deuda histórica con trabajadores y comunidades afectadas.
El mandatario estatal explicó que se firmaron dos acuerdos: uno para concluir la huelga minera en Cananea y otro para iniciar la remediación ambiental del Río Sonora. El financiamiento total asciende a 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento será aportado por Grupo México, el 22 por ciento por el Gobierno Federal y el 8 por ciento por el Gobierno de Sonora.
Como parte del plan, ya se concretó la liquidación de 651 ex trabajadores de la Sección 65, con lo que se da por terminado uno de los conflictos laborales más largos del país. En paralelo, se garantizará atención integral a las comunidades de los ocho municipios afectados por la contaminación del río, incluyendo acciones ambientales y de salud pública.
Las labores de remediación ambiental comenzarán en enero de 2026 e incluyen estudios para medir la calidad del agua y los sedimentos, saneamiento de suelos contaminados, infraestructura médica y equipamiento especializado. Además, se instalará un sistema de monitoreo en tiempo real, se construirán 16 plantas potabilizadoras y sistemas de desinfección, así como la rehabilitación de plantas ya existentes.
Durazo Montaño reconoció la participación de diversas dependencias federales en la construcción de estos Planes de Justicia y afirmó que este avance refleja el compromiso conjunto de los gobiernos federal y estatal con la defensa de los derechos laborales, la salud pública y el medio ambiente, bajo un modelo de desarrollo con enfoque en el humanismo mexicano.
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