Por Juan Pablo Ojeda
La detención de Edgar “N”, conocido como El Limones, movió nuevamente el tablero de la seguridad nacional. El hombre señalado como operador financiero de Los Cabrera y pieza clave en sus redes de extorsión fue ingresado al Cefereso No. 1 “El Altiplano”, uno de los penales más estrictos del país, apenas horas después de su captura. Su llegada no fue en solitario: cinco presuntos integrantes más del mismo grupo criminal también fueron enviados al penal tras una serie de cateos en Durango y Coahuila.
El caso cobró especial relevancia porque El Limones no solo era un presunto operador delictivo; también tenía un cargo regional dentro de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna. Ese tipo de perfiles suele ser estratégico para las organizaciones criminales, ya que mezclan influencia social con actividades ilícitas, lo que facilita el cobro de extorsiones y el manejo de recursos sin levantar sospechas inmediatas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la captura representa un golpe directo a estas redes que afectan a comerciantes, ganaderos y pequeñas empresas en el norte del país. Según explicó, Edgar “N” estaba bajo investigación por coordinar el cobro de “cuotas” y administrar el dinero del grupo, además de vincularse con la violencia que acompaña este delito.
En el operativo se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, lo que confirma —según el gabinete de seguridad— que la estructura de Los Cabrera operaba con logística y armamento de alto riesgo. Las autoridades federales reconocieron la colaboración del gobierno de Coahuila, clave para ejecutar los cateos que llevaron a la captura de los seis presuntos integrantes.
El contexto no es menor: la extorsión ha crecido 23.1% en los primeros 14 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que pone presión sobre las estrategias de seguridad. Aunque esta detención es vista como un avance, no deja de ser un recordatorio de la magnitud del problema y de la necesidad de fortalecer las capacidades locales para prevenir y atender este delito que pega directamente en la economía diaria.
La caída de “El Limones” manda un mensaje claro: el gobierno federal quiere mostrar mano firme contra la extorsión. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el verdadero reto será sostener los operativos, desarticular redes completas y garantizar que los territorios donde operaban estos grupos no vuelvan a caer en manos de nuevas células.
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