Por Bruno Cortés
En un país donde los delitos contra niñas, niños y adolescentes siguen creciendo a la sombra del internet, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa que busca cerrar un vacío legal que hoy deja en la indefensión a miles de menores. ¿El objetivo? Aumentar las penas cuando el abuso infantil se origina a través de redes sociales o medios digitales.
Y es que hoy en día el abuso no empieza necesariamente en la escuela, en la calle o en el entorno familiar. Muchas veces inicia en un celular, en una consola de videojuegos o en un mensaje de Instagram. El fenómeno se llama grooming, y consiste en que un adulto se hace pasar por alguien de confianza para manipular psicológicamente a un menor, ganarse su confianza y, eventualmente, cometer un abuso.
La propuesta de Zavala, que ya fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, reforma el artículo 261 del Código Penal Federal. Actualmente, el delito de abuso sexual infantil contempla penas de seis a trece años de prisión y hasta 500 días de multa. Con esta reforma, si el contacto inicial con la víctima se dio a través de medios digitales, la pena se aumentaría en una mitad más, tanto en su mínimo como en su máximo.
¿Y por qué es importante esto? Porque hasta ahora, el Código Penal no considera como agravante el uso de redes sociales o plataformas digitales para preparar el delito. Esto, en la práctica, significa que un agresor que planeó durante semanas su acercamiento a un menor por TikTok o WhatsApp, podría recibir la misma pena que alguien que cometió el delito en un contexto de oportunidad. Para la diputada, eso no refleja ni la gravedad ni la premeditación de este tipo de conductas.
Zavala advierte que el abuso digital no solo es real, sino que es cada vez más común. A través de perfiles falsos, los agresores se hacen pasar por adolescentes o por figuras de confianza. Poco a poco, van pidiendo datos personales, fotos, o generando vínculos emocionales para manipular al menor. Todo esto desde el anonimato y con herramientas tecnológicas que dificultan su detección.
Además, la brecha de edad, experiencia y desarrollo emocional entre un adulto y un menor en estos espacios digitales hace que el impacto del abuso sea más profundo. Los niños y adolescentes no siempre tienen las herramientas para identificar el peligro, y por eso —sostiene la legisladora—, el Estado debe actuar con firmeza.
La propuesta no se queda en castigar más, también tiene un enfoque preventivo. Al reconocer este tipo de contacto como agravante, se manda un mensaje claro a la sociedad: usar las redes para engañar y abusar de un menor es un delito grave, y como tal debe tener consecuencias más severas. Esto también abre la puerta a que padres, escuelas, plataformas y autoridades estén más alerta ante estas prácticas.
Con esta iniciativa, Margarita Zavala se suma a un tema cada vez más urgente en la agenda legislativa: cómo adaptamos las leyes penales a una realidad digital donde los agresores ya no necesitan estar físicamente cerca de sus víctimas para dañarlas. Y si bien la reforma no resuelve todo, sí pone un punto importante sobre la mesa: la justicia tiene que estar al nivel de los nuevos métodos del delito.
En tiempos donde un celular puede ser la puerta de entrada al abuso, la ley no puede quedarse atrás.
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