Por Bruno Cortés
En política, el dinero manda. Por eso el presupuesto federal —ese gran plan anual que dice en qué se va a gastar cada peso del dinero público— es algo más que una tabla de cifras: es poder. Y justo por eso, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, propuso cambiar la Constitución para que el Ejecutivo Federal ya no pueda hacer ajustes presupuestarios sin el visto bueno de la Cámara de Diputados. Porque sí, hoy el presidente puede mover partidas presupuestales sin que nadie más meta mano… y eso no siempre es buena noticia.
La iniciativa de Ortega plantea agregar un párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, para que cualquier adecuación presupuestaria —es decir, cualquier cambio en cómo se reparte el dinero público durante el año— tenga que ser revisado, discutido y aprobado por los diputados, exactamente como sucede con el presupuesto original que se aprueba cada noviembre.
Eso sí, hay límites: el gobierno no podría proponer cambios que sumen más del 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. Es decir, no se trata de frenar totalmente los ajustes (porque a veces son necesarios), pero sí de ponerles un tope razonable y, sobre todo, someterlos al control legislativo. Algo así como decir: “Sí puedes mover el dinero, pero no solo tú decides cómo”.
¿Por qué es importante esto? Porque hoy el presidente tiene mucha libertad para mover recursos sin consultar al Congreso. Y cuando eso pasa, se corre el riesgo de que el presupuesto se use con fines políticos, dejando de lado necesidades urgentes como medicamentos, escuelas, seguridad pública o infraestructura. De hecho, como explica la diputada en su exposición de motivos, si el Ejecutivo gasta más de lo que se le autorizó, puede provocar déficit público, y con ello, tener que endeudarse más para seguir gastando. Es decir: lo que no se aprueba de frente, se hace por la puerta trasera.
Lo que plantea Ortega es, en pocas palabras, que la Cámara de Diputados recupere el control sobre todo el presupuesto, no solo el que se aprueba al inicio del año. Es una forma de reforzar la rendición de cuentas, los contrapesos entre poderes y el principio de que el dinero público no es del gobierno, sino de todas y todos los ciudadanos.
Porque si hay que mover dinero en el gobierno, que se haga con transparencia y de cara al Congreso. Y si el Congreso representa al pueblo, entonces es el pueblo quien debe tener la última palabra.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y aún tiene camino por recorrer. Pero de entrada, abre una discusión de fondo: ¿quién debe tener la última palabra sobre el gasto público? ¿El Ejecutivo que lo ejerce, o el Legislativo que representa a la ciudadanía?
En tiempos donde cada peso cuenta, quizá valga la pena pensarlo.
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