Por Juan Pablo Ojeda
La crisis de inseguridad en México ha rebasado desde hace tiempo el ámbito ciudadano y hoy golpea de lleno a la esfera política. Asesinatos de alto impacto, como el del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, o el del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, marcaron un punto de quiebre. Sin embargo, los datos más recientes confirman que la violencia contra autoridades no solo persiste, sino que se ha intensificado durante 2025, primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el registro de la organización Causa en Común, en lo que va del año se han documentado al menos 56 homicidios de actores políticos en distintas regiones del país. Aunque este tipo de agresiones suele aumentar en periodos electorales, los hechos recientes muestran que la amenaza es constante y alcanza incluso a funcionarios en funciones fuera de campañas.
Uno de los casos que más conmoción generó fue el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. El ataque ocurrió en pleno centro de la ciudad, durante un evento público por el Día de Muertos, lo que evidenció el nivel de exposición y vulnerabilidad de las autoridades locales. Durante la agresión, uno de los atacantes fue abatido, aunque hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades.
Con este crimen, ya suman siete los presidentes municipales asesinados en 2025. La lista incluye a Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, quien fue ejecutado junto con dos escoltas; Isaías Rojas, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, quien murió tras un ataque en la Autopista del Sol; y Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, asesinado junto con su escolta en Michoacán.
A estos casos se suman el homicidio de Lilia García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, asesinada dentro del Palacio Municipal; el ataque contra Martha Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, y su esposo, frente a su domicilio; así como la ejecución de Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, en octubre pasado.
La violencia no se limita a los alcaldes. Otros funcionarios de alto rango también han sido blanco del crimen organizado. En Veracruz, Andrei Gamboa, director de Gobernación del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, fue ejecutado en Ixtaczoquitlán. En Morelos, cinco candidatos a la presidencia de bienes comunales de Huitzilac fueron asesinados dentro de un domicilio, un hecho que estremeció a la región.
El sector de seguridad pública tampoco ha escapado. Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue asesinado en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, mientras que en el ámbito judicial, el juez federal Everardo Maya Arias fue encontrado sin vida en un camino de terracería en Zinacantepec, Estado de México.
El recuento de Causa en Común revela un patrón inquietante: los cargos públicos, especialmente a nivel local, se han convertido en posiciones de alto riesgo. La violencia contra autoridades refleja no solo la presión del crimen organizado, sino también los desafíos estructurales que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la seguridad de quienes gobiernan y aplican la ley.
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