Víctor Hugo Lobo alista en Diputados análisis del plan B

Por Bruno Cortés

En la Cámara de Diputados ya se preparan para abrir un nuevo capítulo en la discusión de las reglas políticas del país. El diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, adelantó que el Congreso está listo para recibir y analizar la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del llamado “Plan B”, un paquete de cambios que busca reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos, además de fortalecer la participación ciudadana a través de consultas populares.

La discusión llega después de que la reforma electoral original no avanzara en el Congreso. Ahora, la estrategia es revisar ajustes que puedan mejorar el funcionamiento de las instituciones sin necesariamente cambiar todo el sistema político. Lobo explicó que algunos puntos requerirán modificaciones a la Constitución, mientras que otros podrían resolverse a través de leyes secundarias, lo que haría más ágil su discusión legislativa.

En palabras simples, la idea detrás de este nuevo paquete es revisar cómo se gastan los recursos públicos en los poderes locales. En muchos estados y municipios existen estructuras que, según varios legisladores, resultan costosas o poco eficientes. Por eso se plantea revisar el número de regidores en ayuntamientos o establecer criterios más equilibrados para los congresos estatales, con el objetivo de evitar gastos excesivos y garantizar sueldos razonables.

El legislador de Movimiento Regeneración Nacional explicó que uno de los ejes centrales es mejorar la eficiencia del gasto público. Esto significa que el dinero de los gobiernos locales se utilice con mayor responsabilidad y bajo reglas más claras, algo que incluso podría reforzarse mediante ajustes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece cómo deben ejercer los recursos las entidades federativas.

Otro de los temas que se plantea revisar es la revocación de mandato. La propuesta contempla que este mecanismo pueda aplicarse entre el tercer y cuarto año de gobierno, lo que permitiría que la ciudadanía evalúe a sus autoridades antes de que concluyan su mandato. También se busca fortalecer las consultas populares como una herramienta para que la población participe más directamente en decisiones públicas.

Lobo Román señaló que la Comisión que preside podría comenzar a procesar la iniciativa hacia finales de marzo o principios de abril, una vez que llegue formalmente al Congreso. Mientras tanto, adelantó que habrá diálogo político con los partidos aliados para encontrar puntos de acuerdo. La coalición legislativa formada por Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Morena será clave para definir el rumbo de la propuesta.

El diputado también rechazó que exista una ruptura entre los partidos que integran esa alianza, pese a las diferencias que surgieron durante la votación de la reforma electoral anterior. Según explicó, la comunicación entre los grupos parlamentarios se mantiene abierta y es normal que existan posturas distintas en un Congreso plural.

Además, descartó que el “Plan B” sea una especie de represalia política contra los aliados que no respaldaron la reforma pasada. De acuerdo con su versión, este paquete de propuestas ya estaba contemplado como una segunda etapa en la discusión de cambios políticos, mientras que la primera se centraba en la vida interna de los partidos y el sistema de representación proporcional.

En medio de esta conversación legislativa también surgió otro tema sensible: las pensiones que reciben algunos exfuncionarios. Lobo Román consideró que en el manejo del presupuesto de la Cámara de Diputados debe haber total transparencia y que no pueden existir beneficios ocultos o acuerdos discrecionales al final de cada administración.

Finalmente, el legislador adelantó que en este mismo mes se emitirá la convocatoria para elegir a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, un proceso clave para el funcionamiento del sistema electoral mexicano y que deberá realizarse dentro de los plazos que marca la ley.

Así, mientras el Congreso se prepara para debatir estos cambios, el llamado “Plan B” se perfila como el nuevo intento del gobierno federal y sus aliados para ajustar el funcionamiento del sistema político, con la promesa de reducir gastos innecesarios y ampliar la participación ciudadana en las decisiones públicas.