Por Bruno Cortés
En México se habla mucho de derechos, pero para miles de víctimas la realidad es otra. Eso fue lo que puso sobre la mesa el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, durante el Foro Nacional de Salud para la Atención de Víctimas, un encuentro que buscó reflexionar sobre cómo aterrizar en políticas públicas lo que hasta ahora se queda en promesas.
Ramírez Barba recordó que desde 2011 la Constitución establece el llamado principio pro persona, es decir, que todas las autoridades deben interpretar y aplicar las leyes de la manera más favorable a los derechos de la gente. Pero la realidad, dijo, es que existe una enorme brecha entre lo que está escrito y lo que viven quienes enfrentan violencia, negligencia médica, desaparición, trata o cualquier otra violación a sus derechos humanos. “No es retórico, es una obligación y, sobre todo, un compromiso moral con la dignidad humana”, sentenció.
El legislador puso números sobre la mesa: en el Congreso se han presentado más de 115 iniciativas relacionadas con la atención a víctimas, pero a pesar de todo ese trabajo legislativo, la diferencia entre lo que dice la ley y lo que pasa en la vida real sigue siendo profunda. “Esa distancia nos debe incomodar y nos debe exigir que actuemos”, lanzó.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue el sistema de salud. Para Ramírez Barba, este no puede ser un muro de indiferencia sino una puerta abierta. Eso significa protocolos claros, recursos suficientes y, sobre todo, empatía. La salud, dijo, no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano. En cada consulta, en cada urgencia y en cada hospital, lo que debería estar presente es la convicción de aliviar el dolor humano como la labor más alta del Estado.
El diputado no evitó señalar responsabilidades. Criticó que al inicio del actual sexenio se recortaron 114 mil millones de pesos al sector salud, lo que calificó como un “austericidio republicano”. Para él, sin presupuesto y sin voluntad política, cualquier derecho se convierte en letra muerta.
El foro también sirvió para escuchar otras voces. La representante de la Conamed, Leticia de Anda, destacó la importancia de poner en el centro la voz de pacientes y familiares, para diseñar políticas públicas prácticas y no solo discursos bien intencionados. Mientras que Ricardo Pérez Vega, en representación del ISSSTE, subrayó que todas las instituciones del sector deben dar acompañamiento integral, no solo atención médica, con un enfoque multidisciplinario y ético.
En pocas palabras, el mensaje fue claro: las víctimas no piden favores ni privilegios, piden justicia y ser tratadas con dignidad. Y si de verdad se quiere cerrar la brecha entre la Constitución y la vida real, se necesita presupuesto, leyes claras y un sistema de salud que ponga a las personas en el centro. El reto no es menor, pero ignorarlo ya no es opción.
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