Artículo/ Por Angélica Beltrán
CDMX a 5 de enero de 2026 (Noticias de México).-Desde su fundación como nación a finales del siglo XVIII, Estados Unidos ha mantenido una relación asimétrica con América Latina, marcada por intervenciones militares, presiones diplomáticas y estrategias económicas orientadas a asegurar su influencia política y el control de recursos estratégicos en la región. Bajo distintas doctrinas y discursos —desde la Doctrina Monroe hasta la lucha contra el comunismo y la defensa del libre mercado—, Washington ha justificado acciones que han dejado profundas huellas en la soberanía latinoamericana.
Durante el siglo XIX, la expansión territorial estadounidense se apoyó abiertamente en el uso de la fuerza. La guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848) culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, un episodio fundacional del intervencionismo regional. A este antecedente se sumaron ocupaciones militares y presiones directas en Centroamérica y el Caribe, consolidando a Estados Unidos como potencia hegemónica en el hemisferio occidental.
En el siglo XX, las invasiones militares se intensificaron bajo la lógica de proteger intereses económicos y estratégicos. Países como Nicaragua, Haití, República Dominicana y Panamá fueron ocupados por tropas estadounidenses en distintos momentos, generalmente con el argumento de restaurar el orden o proteger inversiones privadas, particularmente de empresas vinculadas a la agricultura, la minería y las rutas comerciales.
El caso de Cuba representa uno de los ejemplos más prolongados de intervención económica de Estados Unidos en América Latina. Desde 1962, la isla enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington. Este cerco ha limitado el acceso de Cuba a mercados, créditos, tecnología, medicamentos y alimentos, con efectos directos en la vida cotidiana de la población. El bloqueo ha sido una forma de castigo colectivo que vulnera el principio de autodeterminación de los pueblos.
Chile constituye una de las intervenciones más emblemáticas del periodo de la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos intervino activamente en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende, mediante bloqueo económico, financiamiento de la oposición y respaldo indirecto al golpe militar de 1973. El derrocamiento del presidente electo dio paso a una dictadura que transformó el modelo económico chileno y dejó miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En tanto, Venezuela se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre Estados Unidos y América Latina desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y la posterior continuidad del proyecto bolivariano con Nicolás Maduro. Desde entonces Washington ha impulsó una estrategia de presión sostenida con sanciones económicas, bloqueo financiero, congelamiento de activos y desconocimiento diplomático del gobierno venezolano, bajo el argumento de la defensa de la democracia.
En 2019 el gobierno estadounidense reconoció a un presidente paralelo, Juan Guaidó, e intensificó el cerco internacional contra Caracas. A ello se sumaron intentos fallidos de desestabilización interna, como la incursión armada de 2020 conocida como Operación Gedeón, en la que participaron mercenarios y exmilitares venezolanos.
En el centro de la disputa se encuentra el petróleo de Venezuela; ya que el país posee las mayores reservas probadas del mundo. El control, administración y acceso al hidrocarburo han sido un factor constante en las tensiones bilaterales; especialmente tras la nacionalización del sector energético. Caso similar es el de México y Brasil, tras la nacionalización de la industria petrolera.
Así, además de las armas, la intervención estadounidense ha adoptado formas económicas y financieras para asegurar el acceso a los recursos naturales de la región. La imposición de modelos económicos, la influencia sobre organismos financieros internacionales y la firma de tratados comerciales asimétricos han condicionado las políticas internas de numerosos países latinoamericanos, favoreciendo la explotación de petróleo, minerales, agua y biodiversidad por corporaciones transnacionales.
Estas estrategias han generado profundas desigualdades sociales y debilitado la capacidad de los Estados latinoamericanos para definir de manera soberana sus proyectos de desarrollo.
En esta larga y desgraciada historia para Centroamérica y el Caribe, se registra el retorno de la ocupación militar al iniciar este 2026, con la invasión a Caracas, Venezuela y el secuestro del presidente electo y en funciones Nicolas Maduro, a quien ya se le prepara un juicio internacional en territorio estadounidense.
En el retorno de las viejas prácticas de intervención militar, el gobierno de Donald Trump colocó en la mira a México, Colombia y Brasil, países a los que amenazó con intervenir bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Este argumento, reiteradamente cuestionado, busca en realidad legitimar la injerencia externa, cuyo trasfondo es el control y la apropiación de recursos estratégicos —particularmente el petróleo— de naciones libres y soberanas, en una dinámica que instaura un neocolonialismo en el siglo XXI.
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