Donald Trump dio un paso más en su estrategia de mano dura: declaró a ciudades como Chicago “zonas de guerra” para justificar el envío de tropas federales, aun cuando autoridades locales lo rechazan y tribunales ponen freno al despliegue en otras urbes. Lo que para él es un asunto de seguridad, para sus opositores pinta una batalla política intensa por los límites del poder presidencial.
La Casa Blanca informó que autorizó el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional a Chicago para “proteger activos y agentes federales”, después de que un agente disparara contra un automovilista que supuestamente embistió una patrulla. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, respaldó la medida, describiendo a Chicago como un escenario de enfrentamientos.
Pero gobernadores demócratas como J.B. Pritzker estallaron contra la decisión, al tildarla de “performance político” y advertir que acentuará la tensión y socavará la confianza entre comunidades y autoridades. Pritzker aseguró que los federales no han consultado con el estado y que esas medidas sólo rompen los pilares del respeto constitucional. Trump, por su parte, contestó que el gobernador actúa con temor y afirmó que el despliegue ocurrirá con o sin su consentimiento.
Mientras tanto, en Portland, Oregón, un juez federal bloqueó temporalmente el despliegue militar que Trump había ordenado, argumentando que no existen pruebas sólidas para tratar la ciudad como un teatro bélico y recordando que EE. UU. es una nación regida por leyes, no por mando militar. La jueza Karin Immergut, nombrada por el mismo gobierno de Trump, dijo que la administración exageró los hechos para justificar una intervención agresiva. El gobierno apeló la decisión ante una instancia superior.
Este movimiento encaja en un patrón que comenzó este año: desde junio, Trump ha desplegado fuerzas federales en ciudades como Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis bajo argumentos de lucha contra el crimen y control migratorio, lo que críticos han interpretado como una expansión del poder ejecutivo hacia competencias locales. Organismos como la ACLU han denunciado que esas acciones podrían violar leyes como la Posse Comitatus Act, que limita el uso del ejército en asuntos civiles, y han calificado las intervenciones como tácticas de intimidación.
En Chicago, las tácticas federales ya han escalado en agresividad: helicópteros, agentes armados, gases lacrimógenos y operativos relámpago en barrios de mayoría latina o afroamericana. Algunos reportes alertan que se han detenido ciudadanos sin órdenes judiciales e incluso ciudadanos estadounidenses están siendo retenidos en medio del operativo. En paralelo, circula la operación federal “Midway Blitz”, destinada a deportar inmigrantes con antecedentes criminales en Illinois, que fue lanzada sin coordinación con autoridades estatales.
Este choque entre autoridad federal y gobernadores locales prepara un escenario riesgoso: ¿es legítimo que un presidente envíe tropas a ciudades que no pidieron ayuda? ¿Hasta dónde puede llegar ese poder sin romper la división de competencias consagrada en la Constitución? Aunque Trump busca posicionarse como el defensor del orden, sus críticos presagian que esta estrategia puede dejar una marca duradera en el equilibrio institucional estadounidense.
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