Por Juan Pablo Ojeda
El debate sobre la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco en el Senado de la República ha encendido las alarmas entre expertos del Colegio de México (Colmex). Según el análisis presentado, un aumento del impuesto del 160 al 200 por ciento podría reducir la recaudación pública hasta en 30 mil millones de pesos al año y, lejos de disminuir el consumo, podría fortalecer el mercado negro de cigarros.
Actualmente, uno de cada cinco cigarrillos que se consumen en México proviene de la venta ilegal, lo que representa alrededor del 20 por ciento del mercado. Este problema se ha agravado desde el aumento del IEPS en 2011, cuando los cigarrillos ilegales pasaron de representar solo el 2 por ciento del mercado en 2010 a casi el 17 por ciento en 2013. La diferencia de precios entre una cajetilla legal e ilegal puede llegar a 60 pesos, mientras que las sanciones por incautación oscilan entre 10 y 20 pesos por cajetilla.
Los especialistas advierten que, sin políticas de control y lucha contra el contrabando, el aumento del impuesto podría favorecer la venta de tabaco sin regulación sanitaria, poniendo en riesgo la salud pública. Según el estudio “Cigarrillos Ilegales y Crimen Organizado”, los decomisos de tabaco ilegal son escasos: desde 2012 no se registran más de diez incautaciones anuales. Además, los principales operadores del mercado ilegal son grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes extorsionan a tenderos y mayoristas, desplazando a las marcas autorizadas.
El impacto en la salud de la población es considerable. Cada día mueren 118 personas por tabaquismo, lo que equivale a más de 43 mil fallecimientos al año. En México hay aproximadamente 15 millones de fumadores, de los cuales cerca de 684 mil son adolescentes entre 12 y 17 años, lo que representa un 5 por ciento de los consumidores.
El Colmex insiste en que cualquier modificación fiscal al tabaco debe ir acompañada de estrategias efectivas para combatir el mercado ilegal y proteger tanto la recaudación como la salud de los ciudadanos, de lo contrario, advierten, los efectos podrían ser contraproducentes.
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