Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se encendió una conversación que, para muchos, sigue siendo incómoda pero absolutamente necesaria: la participación política de la comunidad LGBTIQ+ y cómo los derechos que ya se habían ganado corren el riesgo de irse para atrás, como ya ha ocurrido en otros países. Todo esto salió a relucir durante la presentación de un informe que, más allá de los tecnicismos, pone el dedo en la llaga: si no hay inclusión real, no hay democracia.
El documento, titulado “La democracia exige igualdad”, es una especie de radiografía de cómo la comunidad LGBTIQ+ ha buscado abrirse paso en la política de América Latina y el Caribe, y qué tan difícil ha sido ese camino. Y aunque México aparece como uno de los países con más avances en términos legales y de activismo, todavía hay muchas barreras: violencia, discursos de odio, discriminación, partidos que abren espacios solo de fachada y candidaturas que no tienen respaldo real.
El diputado Jaime Genaro López Vela, de Morena, lo dijo sin rodeos: esto no va solo de cuántos diputados o diputadas de la diversidad hay en el Congreso. Se trata de acciones concretas para transformar el sistema político en algo realmente incluyente. Porque, aunque haya avances, también hay retrocesos. Puso como ejemplo los casos de Estados Unidos, Argentina, Italia y España, donde algunos derechos ya conquistados por la comunidad LGBTIQ+ están siendo desmantelados por fuerzas políticas conservadoras. Y sí, en México también podría pasar si no se toma en serio este tema.
No fue el único en hablar claro. Víctor Hugo Lobo Román, también de Morena, recordó que esta discusión forma parte de algo más grande: la reforma electoral que viene en enero. ¿Qué tiene que ver? Todo. Porque una reforma así debe garantizar que todas las personas, sin importar su identidad u orientación, puedan participar de manera real y segura en las elecciones, y eso implica reglas claras, equitativas y sin simulaciones.
También hubo voces del extranjero, como Carolina Giraldo, de Colombia, que explicó cómo allá el camino ha sido todavía más difícil, pero se están dando pasos importantes, como permitir el registro de candidaturas no binarias o impulsar leyes que prohíban las llamadas “terapias de conversión”.
En medio de todo esto, el mensaje es muy claro: no basta con decir que hay apertura o inclusión si no se ve en los hechos. Si los partidos solo usan a las personas diversas como escaparate, pero no les dan voz ni poder real, entonces no estamos avanzando. Y eso lo confirma el propio informe, que dice que la mayoría de las personas LGBTIQ+ siente que los partidos políticos promueven discursos bonitos, pero no cambios reales.
La democracia, al final, no se trata solo de votar cada tres o seis años. Se trata de quién tiene voz, quién toma decisiones, quién está en la mesa donde se reparte el poder. Y si no están todas las personas, especialmente aquellas que históricamente han sido excluidas, entonces esa democracia está incompleta.
Por eso, este informe y este debate en el Congreso no son solo un evento más. Son un recordatorio urgente de que los derechos se defienden también en las urnas, en los congresos y en las leyes. Y que la diversidad, lejos de ser una amenaza, es una de las mayores fortalezas que puede tener un país.
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