Por Juan Pablo Ojeda
En su ya característica postura frontal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que su gobierno irá “hasta donde tope” en la lucha contra el robo de combustible, también conocido como huachicol, sin proteger a nadie, incluyendo a funcionarios públicos o empresarios involucrados en el delito. La declaración fue contundente y directa: “Nosotros no vamos a proteger a nadie. A nadie. Si hay servidores públicos, bueno, servidor no, porque no sirve al pueblo”, dijo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El mensaje no solo tuvo un alto voltaje político, también vino acompañado de datos que reflejan la magnitud del problema. Apenas esta semana, autoridades federales informaron del mayor aseguramiento de combustible ilegal en lo que va del sexenio: más de 15 millones de litros recuperados en dos operativos en el estado de Coahuila, que dejaron al descubierto un esquema logístico de gran escala.
En el primer operativo, en Ramos Arizpe, se encontraron 33 carrotanques con casi 4 millones de litros de hidrocarburo aparentemente abandonados cerca de una estación de ferrocarril. En el segundo caso, en Saltillo, fueron 96 carrotanques con más de 11.5 millones de litros los que estaban varados sobre las vías, en una clara muestra de cómo el huachicol sigue moviéndose en estructuras de alto alcance.
La presidenta Sheinbaum reconoció que aunque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) se avanzó en el combate al huachicol, el problema sigue presente. Pero dejó en claro que su administración actuará con “unidad y discreción” para seguir investigando a fondo, sin importar quién caiga.
El uso del término “hasta donde tope” no es menor. En el lenguaje político mexicano, significa que no habrá límites ni impunidad, ni para aliados ni para funcionarios de casa. Es un mensaje tanto hacia adentro del gobierno como hacia el crimen organizado y los intereses económicos que siguen detrás de este multimillonario negocio ilegal.
El robo de combustible no solo representa pérdidas millonarias para el erario, también es una de las principales fuentes de financiamiento para grupos delictivos en distintas regiones del país. Por eso, los recientes decomisos en Coahuila no son solo logros aislados, sino señales de un posible nuevo frente de batalla en el gobierno de Sheinbaum.
La gran incógnita es si esta promesa de llevar las investigaciones “hasta donde tope” se traducirá en procesos judiciales firmes, sanciones ejemplares y, sobre todo, una estrategia de inteligencia y seguimiento financiero que logre desmantelar las redes que por años se han enriquecido con el huachicol. Por ahora, el primer paso está dado, y el mensaje es claro: el huachicol no tiene cabida en el segundo piso de la transformación.
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