Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que su gobierno no tiene información sobre posibles acuerdos entre narcotraficantes mexicanos y el gobierno de Estados Unidos para evitar la pena de muerte.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la reciente decisión del Departamento de Justicia estadounidense de no solicitar la pena capital para tres de los capos más conocidos del narcotráfico en México: Ismael «Mayo» Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.
“No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información, pero además, pues son decisiones ya del Gobierno de Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.
¿Acuerdos con narcos?
La no solicitud de pena de muerte fue informada por el fiscal Joseph Nocella Jr. mediante oficios dirigidos a los jueces Brian Cogan, Frederick Block y Joan M. Azrack, quienes llevan casos relacionados con los tres exlíderes de los cárteles de Sinaloa, Guadalajara y Juárez, respectivamente.
Aunque no se ha confirmado oficialmente, la medida ha generado especulación sobre posibles negociaciones o acuerdos de cooperación entre los narcotraficantes y fiscales estadounidenses para evitar una sentencia capital, algo que legalmente ya se encuentra restringido por tratados internacionales.
México, firme contra la pena de muerte
Sheinbaum aprovechó para reiterar la postura histórica de México contra la pena de muerte, señalando que esta convicción va más allá del tipo de delito o delincuente.
“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos (…) cuando se extradita a un presunto delincuente, el tratado de extradición establece que no puede haber pena de muerte”, subrayó la presidenta.
El tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece de forma explícita que ninguna persona entregada a la justicia estadounidense por las autoridades mexicanas puede ser condenada a muerte, en concordancia con el marco legal y los principios de derechos humanos de México.
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