Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que el Instituto Nacional Electoral (INE) conservará su autonomía en la reforma electoral que su gobierno presentará próximamente ante el Congreso. Lo que sí buscará ajustar es el alto costo que implica organizar elecciones en el país.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que “el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así”, pero cuestionó el gasto que representa para el erario: “Es mucho recurso el que destina el pueblo de México para elecciones”, dijo. Con esto, la mandataria busca tranquilizar las críticas que acusan a su gobierno de intentar debilitar al árbitro electoral.
“Queremos que sigan habiendo elecciones limpias, democráticas”, recalcó Sheinbaum, al mismo tiempo que rechazó tajantemente los señalamientos de autoritarismo que han surgido desde la oposición. “Es falso, falso, falso que seamos un gobierno autoritario”, subrayó con vehemencia.
Uno de los puntos que se incluirá en la reforma, adelantó, es la revisión del esquema de representación proporcional, es decir, los llamados plurinominales. Este tema ha sido polémico durante años, pues muchos consideran que permite la llegada de legisladores sin votación directa.
La discusión surge luego de un nuevo desencuentro entre el gobierno y el INE. La presidenta criticó que consejeras y consejeros del instituto se “extralimitaron” al opinar sobre votos que no deberían haberse sumado en la reciente elección del Poder Judicial, celebrada el 1 de junio. Según Sheinbaum, esa es una responsabilidad que corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no al INE.
“Ahora quieren revisar no sé cuántas cosas cuando no es su atribución”, afirmó. Y fue más allá al decir que hay un grupo de consejeros que, desde su perspectiva, toman decisiones basadas en una postura política opuesta a su gobierno. “Todo lo que esté en contra de la 4T hay que votar en contra, independientemente de qué se trate”, lamentó.
Sheinbaum recordó que la reforma electoral está contemplada en su paquete de “cien puntos” de arranque de gobierno y que, aunque aún no se ha presentado formalmente, llegará al Congreso en su momento, como parte de su plan para hacer más eficiente, menos costoso y más representativo el sistema democrático mexicano.
Con esto, la presidenta lanza el primer trazo de una de las reformas más delicadas de su sexenio: tocar el sistema electoral sin comprometer su legitimidad ni su autonomía, en un país con memoria fresca de fraudes y sospechas. El debate apenas comienza.
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