Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó muy claro que su Gobierno no encubrirá a nadie en las investigaciones por contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal, una práctica que ha provocado pérdidas multimillonarias al erario.
Desde Palacio Nacional, la mandataria reafirmó su postura de cero impunidad, asegurando que las indagatorias “se realizan a todos los niveles”, y que aunque por ahora no se puede ofrecer información detallada por tratarse de procesos abiertos, se dará a conocer el avance conforme haya resultados sólidos.
“No se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie”, dijo la presidenta este lunes.
El huachicol fiscal es una forma de evasión que consiste en importar combustibles utilizando fracciones arancelarias falsas o distintas, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este impuesto varía entre 5.4 y 7 pesos por litro, dependiendo del tipo de petrolífero. El impacto económico no es menor: se estima que este delito le cuesta al país más de 177 mil millones de pesos al año, es decir, unos 9,200 millones de dólares, según reportes recientes.
Sheinbaum explicó que detener a los responsables de este esquema fraudulento no es un proceso inmediato, ya que requiere construir una carpeta de investigación sólida, con pruebas contundentes que puedan ser presentadas ante un juez.
“A veces se cree que detener a una persona es muy sencillo. Obviamente, para eso tiene que haber pruebas suficientes. Lleva su tiempo, pero vamos firmes”, apuntó.
Además, subrayó que las recientes incautaciones de combustibles ilegales han sido clave para recolectar información que fortalezca los procesos judiciales.
“Las incautaciones que se han estado haciendo dan información, y se sigue procesando para tener todas las pruebas necesarias”.
La posición de Sheinbaum marca una línea dura contra un delito que ha evolucionado desde el robo físico de ductos al fraude fiscal a gran escala. En este nuevo capítulo del combate al huachicol, el frente no está en los campos ni en los oleoductos, sino en los puertos, aduanas y trámites administrativos donde se maquilla la importación para evadir millones en impuestos.
Esta declaración también llega en un momento donde su gobierno busca enviar un mensaje de control, transparencia y firmeza al inicio de su sexenio, sobre todo en temas de corrupción estructural y crimen económico, que tradicionalmente han gozado de impunidad o protección política.
Por ahora, el mensaje es claro: no habrá intocables. Y aunque los nombres aún no se revelan, la lupa está puesta en todos los niveles, como lo dijo Sheinbaum. Resta esperar si este compromiso se transforma pronto en acciones visibles, con nombres y consecuencias.
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