Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la polémica por la presunta relación de un exfuncionario estatal con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó públicamente al senador morenista Adán Augusto López a dar su versión sobre el caso que ya salpica directamente a su gestión como exgobernador de Tabasco.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum fue clara: “Sería muy pertinente que el senador diera su versión para que la gente pueda valorar la función que desempeñó como gobernador, y particularmente, en el tema de seguridad”.
El personaje en el centro del escándalo es Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien encabezó la dependencia entre diciembre de 2019 y enero de 2024, precisamente durante el sexenio de Adán Augusto. Esta semana, el Gabinete de Seguridad federal reveló que Bermúdez ya cuenta con una ficha roja de Interpol, y que existe una orden de aprehensión vigente, emitida desde febrero de este año, por su presunta participación con una célula criminal conocida como La Barredora.
Sheinbaum enfatizó que no se protegerá a nadie, sin importar el cargo o la cercanía política. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, la Fiscalía debe continuar con las investigaciones y llegar a sus propias conclusiones”, recalcó.
Al ser cuestionada sobre si instruiría al senador a rendir cuentas, la mandataria negó cualquier imposición, pero reiteró la importancia de que el exgobernador explique su relación con Bermúdez Requena y qué sabía sobre sus posibles vínculos delictivos. “Sería bueno que explicara cómo se llegó a la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo criminal, y cómo lo manejó en su momento”, comentó.
De acuerdo con fuentes federales, Bermúdez Requena es acusado de operar directamente con La Barredora, una organización criminal que, según informes de inteligencia, ha ido ganando terreno en el sur del país. Actualmente, una de las posibles ubicaciones del exfuncionario estaría en Brasilia, Brasil, aunque no ha sido confirmado oficialmente.
El caso genera tensión dentro de Morena, pues involucra a uno de los políticos más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y abre la puerta a cuestionamientos sobre la estructura de seguridad estatal durante ese periodo. También representa una prueba importante para la política de “cero impunidad” que ha defendido el gobierno federal.
Por ahora, la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República continúan con las investigaciones. La expectativa gira en torno a si Adán Augusto López responderá al llamado de la presidenta y hará públicas sus declaraciones sobre un tema que no solo afecta su imagen, sino también la narrativa de combate frontal al crimen por parte de la llamada Cuarta Transformación.
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