Por Juan Pablo Ojeda
Aunque Vidulfo Rosales, el abogado que durante más de una década representó a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció su renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: el compromiso del gobierno con el caso sigue firme.
Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que la comunicación con los familiares continúa, sin importar qué abogado los represente.
“El seguimiento es el mismo, ellos definen a sus representantes jurídicos. Con quien tenemos comunicación es con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos, y seguimos trabajando en ello”, aseguró.
La renuncia de Rosales sorprendió al movimiento social, ya que él fue uno de los rostros más visibles en la lucha por verdad y justicia desde la desaparición forzada ocurrida en 2014. En un comunicado, explicó que se retira de la primera línea “con la frente en alto”, y aclaró que deja también el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización clave en la defensa de derechos en Guerrero.
Rosales dijo que su decisión se debe a motivos personales y de salud, y que la exigencia de la defensa legal del caso requería una entrega total que ahora le resulta difícil sostener. En entrevistas posteriores, negó que su salida tenga que ver con un eventual cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque hay rumores de que podría sumarse al equipo del nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar.
Mientras tanto, en el entorno político y social, la salida del abogado deja preguntas abiertas: ¿cómo impactará esto en la relación entre el gobierno y los familiares? ¿Quién asumirá ahora la defensa legal? Y, sobre todo, ¿seguirá habiendo avances en un caso que lleva más de una década sin justicia plena?
Lo que es claro, según Sheinbaum, es que el Estado no soltará el tema, aunque el camino aún es largo y lleno de heridas abiertas.
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