Carlos Lara Moreno
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Productores y Comercializadores de Limón del Valle de Apatzingán, ocurrido en Michoacán, aunque evitó dar declaraciones amplias sobre el caso.
“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. No quisiera en este momento entrar a ese tema, lo podemos platicar uno de los días del gabinete de seguridad”, expresó la mandataria al ser cuestionada en conferencia de prensa.
Sheinbaum precisó que el gabinete de seguridad federal se encuentra en comunicación con la Fiscalía General de la República y con el gobierno de Michoacán para apoyar en las investigaciones.
“Hoy presentó una larga exposición el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y tiene que haber justicia en este caso. Todo el gabinete de seguridad está apoyando para poder llegar a los responsables”, afirmó.
El homicidio de Bravo Manríquez, quien encabezaba a los citricultores de la región y había denunciado prácticas de extorsión, ha generado indignación entre productores y legisladores, que demandan justicia y protección efectiva para el campo michoacano.
Bravo Manríquez era una figura clave en la defensa de los derechos de los productores de limón en la región. En reiteradas ocasiones denunció públicamente las extorsiones sistemáticas que sufría el gremio por parte de grupos del crimen organizado, lo que le valió amenazas constantes y periodos de desplazamiento a Morelia por seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el homicidio y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. En redes sociales, la institución informó que se han iniciado las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del crimen y dar con los responsables.
El Gobierno Municipal de Apatzingán lamentó profundamente el asesinato del empresario agrícola, calificándolo como un golpe a la lucha por la dignificación del campo. Diversos actores políticos y sociales han exigido garantías de seguridad para los productores, quienes enfrentan una creciente presión por parte de grupos armados que controlan rutas de comercialización y precios.
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