Por Juan Pablo Ojeda
La idea estaba sobre la mesa y, en un inicio, había entusiasmo en el gobierno federal, pero al final no prosperó. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su administración decidió cancelar el cobro de impuestos a los videojuegos con contenido violento, luego de revisar a fondo la propuesta y detectar que no existían bases claras ni técnicas sólidas para aplicarla sin generar más problemas que soluciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria relató que uno de los principales obstáculos fue algo aparentemente simple, pero en la práctica muy complejo: cómo definir qué videojuegos son violentos y cuáles no. No solo se trata del contenido explícito, sino de contextos, narrativas y dinámicas de juego que cambian de una edición a otra. Al no existir una metodología confiable ni una autoridad que pueda determinar con precisión el grado de violencia, la propuesta quedó sin sustento.
Sheinbaum fue directa al señalar que imponer un impuesto en esas condiciones sería inviable. Si no hay quién clasifique con claridad y reglas parejas, el cobro se volvería arbitrario y difícil de aplicar, tanto para la autoridad como para las empresas y los consumidores. Por eso, dijo, se tomó la decisión de eliminar el gravamen únicamente para este tipo de productos.
Sin embargo, la presidenta dejó claro que el tema no está cerrado. Aunque no habrá impuesto, el gobierno sí reconoce que los videojuegos violentos pueden tener un impacto en niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando se trata de juegos en línea que generan adicción, gastos constantes y conductas agresivas. En lugar de una medida fiscal, el enfoque será preventivo y educativo.
La alternativa será una campaña nacional orientada a la construcción de la paz en los hogares, muy similar a las estrategias que se han utilizado para prevenir el consumo de drogas. El objetivo, explicó Sheinbaum, es apoyar a las familias para que tengan más información y herramientas que les permitan acompañar y regular el consumo de videojuegos, especialmente entre menores de edad.
Cabe recordar que el impuesto formaba parte del paquete discutido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, donde se planteaba un incremento del 8 por ciento a productos considerados nocivos, incluidos videojuegos con violencia extrema y clasificación para adultos. La medida generó críticas entre jugadores y especialistas del sector, quienes advertían afectaciones económicas y problemas de aplicación.
Con esta decisión, el gobierno da marcha atrás en el tema fiscal, pero mantiene viva la discusión sobre la violencia digital. El mensaje de fondo es claro: no todo se resuelve con impuestos y, en este caso, la apuesta será por la información, la prevención y la corresponsabilidad entre Estado y familias.
Deja una respuesta