Por Juan Pablo Ojeda
Con el fin del mandato de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró formalmente clausurada una etapa que calificó como “muy cuestionada” en el Poder Judicial de México. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum celebró el inminente inicio de una nueva era en la que jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, a partir del 1 de septiembre.
“Terminó una era de la Corte y del Poder Judicial, una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.
La presidenta sostuvo que el nuevo modelo de elección representa un cambio profundo y sin precedentes:
“A partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México, entonces eso es lo que yo creo que tiene que quedar para nuestro país, es algo único”, afirmó.
Último informe de Norma Piña: “sostuvimos la Constitución bajo asedio”
Un día antes, la ministra Norma Piña Hernández presentó su último informe de labores como presidenta de la SCJN, en lo que también significó el cierre de un ciclo institucional de más de cuatro décadas, interrumpido por la reforma judicial constitucional de 2024.
Durante su mensaje, Piña defendió el papel de la Corte durante un sexenio marcado por tensiones políticas con el Ejecutivo, en especial con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación, a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No apelamos nunca a la confrontación. Apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, subrayó.
Con esta declaración, la ministra dio por concluido su mandato en medio de una profunda reconfiguración del Poder Judicial impulsada desde el Legislativo y respaldada por el actual gobierno.
Nuevo modelo judicial arranca el 1 de septiembre
La reforma judicial aprobada en 2024 transformó el modelo de designación de los integrantes del Poder Judicial Federal, permitiendo que la ciudadanía elija directamente a jueces, magistrados y ministros. La medida, que ha generado polémica tanto en círculos jurídicos como internacionales, será puesta en marcha en septiembre.
La salida de Piña Hernández no solo marca el final de una gestión, sino el cierre de un modelo institucional que rigió por más de 40 años. En su lugar, se abre una etapa que el gobierno federal ha promovido como parte de la transformación democrática del país, mientras que sus críticos advierten de riesgos de politización e inestabilidad judicial.
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