Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió este domingo a la detención de 14 personas involucradas en una red de ingreso ilegal de diésel al país, que incluía empresarios, elementos de la Marina y funcionarios de aduanas. La magnitud del caso refleja el nivel de complicidad dentro de distintas estructuras y la complejidad de la operación que las autoridades lograron desarticular.
Durante su posicionamiento en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este operativo forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y los delitos relacionados con el contrabando de combustibles. “Es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.
El caso se remonta a marzo de este año, cuando se decomisaron más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. La investigación estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), y permitió descubrir que la organización criminal utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos dentro de instituciones para trasladar y comercializar grandes volúmenes de combustible robado.
Entre los detenidos se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el exjuez Anuar González Hemadi y otras 12 personas cuyos roles dentro de la red aún se investigan. Sheinbaum explicó que la indagatoria lleva dos años y que cada decomiso de combustible sirvió para recopilar pruebas sólidas que permitieran las detenciones.
El modus operandi de la red consistía en introducir diésel al país sin pagar impuestos y luego venderlo a gasolineras o flotillas con permisos legales, obteniendo ganancias millonarias de manera ilícita. La presidenta subrayó que este tipo de operaciones afectan no solo la economía, sino también la confianza en las instituciones.
Sheinbaum reconoció la colaboración del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, quien denunció las irregularidades ante la FGR, lo que permitió a las autoridades recabar pruebas y proceder sin protección a implicados dentro de la institución. Tanto Omar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles destacaron la importancia de esta colaboración para desarticular la red y avanzar en la investigación.
Con estas acciones, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: no habrá impunidad frente a la corrupción, sin importar el nivel de los involucrados, y se reforzará la vigilancia sobre actividades ilícitas que afectan los recursos y la seguridad del país.
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