Por Juan Pablo Ojeda
El Senado dio un paso firme para cerrar vacíos legales y homologar la forma en que México enfrenta el abuso sexual. Con 97 votos a favor y ninguno en contra, las y los senadores aprobaron una reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, una iniciativa que tomó impulso tras la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo. El mensaje político fue claro: este delito no debe quedar a interpretación ni depender de trámites burocráticos para ser perseguido.
El dictamen establece que el abuso sexual será un delito que se persigue de oficio en todo el país, de manera automática, sin necesidad de que la víctima presente denuncia para activar a las autoridades. Además, se amplía la definición de abuso sexual para abarcar comportamientos que históricamente quedaban en zonas grises: tocamientos, roces, caricias sin consentimiento, obligar a una persona a observar actos sexuales o a exhibir su cuerpo, ya sea en espacios públicos o privados. La clave es el consentimiento, y la reforma deja claro que no puede asumirse por silencio, pasividad o falta de resistencia.
Con esta modificación, el Congreso busca alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales sobre violencia sexual, que han insistido en que el consentimiento debe ser afirmativo, libre y explícito. Esto representa un cambio cultural y jurídico profundo, especialmente en un país donde muchas agresiones se normalizaban o eran minimizadas.
En materia de sanciones, la reforma plantea penas de 3 a 7 años de prisión y multas que van de 200 a 500 UMAs para quien cometa abuso sexual. A esto se suma una medida novedosa: los agresores deberán asistir a talleres de reeducación con perspectiva de género y no violencia, además de poder ser asignados a servicio social en instituciones públicas. La idea es que la sanción no solo sea punitiva, sino que también apunte a la prevención y al cambio de patrones culturales.
Cuando el delito ocurre bajo circunstancias agravantes, las penas aumentan significativamente. Si hay violencia física, psicológica o moral, si participan dos o más personas, si el hecho ocurre en un lugar solitario, si existe relación de confianza o poder entre agresor y víctima, o si el responsable es servidor público o ministro de culto, las sanciones escalan de 4 hasta 9.3 años de cárcel. También se endurecen si la víctima está bajo el efecto de sustancias, embarazada o en puerperio.
Con la aprobación del Senado, el dictamen pasa a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. Si se ratifica, México dará un giro importante en su legislación penal, reforzando la protección de las víctimas y enviando una señal contundente a la sociedad: el abuso sexual no será tolerado, venga de quien venga y ocurra donde ocurra.
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