Por Bruno Cortés
En pleno receso legislativo, la Cámara de Diputados se prepara para una tormenta política: este mes de agosto será clave en la revisión del proceso de desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno, exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI, señalado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión estatal entre 2015 y 2019.
Así lo confirmó Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de San Lázaro, órgano responsable de analizar la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que acusa al ahora senador del PRI de uso indebido de atribuciones y peculado, por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos. La cifra corresponde a cuatro carpetas de investigación que ya fueron judicializadas.
“Todo este mes revisaremos el tema de la admisión o desechamiento para poder informar al pleno de la Cámara de Diputados”, explicó Flores, quien aseguró que el procedimiento será apegado estrictamente a derecho, en medio de un ambiente cargado de tensión política y mediática.
El proceso contempla una primera votación en el Pleno para determinar si se admite o se desecha la solicitud. De ser admitida, se abriría un plazo de 60 días para que la Sección Instructora analice el caso de fondo. Este paso es fundamental, ya que permitiría llevar al priista a juicio penal, algo que solo puede ocurrir si pierde el fuero constitucional que actualmente lo protege como legislador federal.
La solicitud llega en un momento especialmente incómodo para ‘Alito’ Moreno, quien ha sido una figura polémica dentro del bloque opositor y que ha enfrentado múltiples cuestionamientos tanto por su gestión como gobernador como por su liderazgo al frente del PRI. Cabe recordar que esta no es la primera vez que enfrenta acusaciones por corrupción o enriquecimiento ilícito, aunque hasta ahora ninguna había escalado a este punto formal dentro del Congreso.
Aunque la admisión de este tipo de procesos suele tomar tiempo, el hecho de que el caso ya esté judicializado y cuente con carpetas abiertas en la Fiscalía estatal acelera la presión política sobre la Cámara de Diputados.
La pregunta es si la mayoría legislativa estará dispuesta a avanzar con el desafuero, o si los acuerdos políticos en San Lázaro frenarán el procedimiento. Lo que es claro, es que el destino judicial y político de ‘Alito’ Moreno se empieza a jugar este mismo mes, y los reflectores ya están sobre él.
Deja una respuesta