Por Bruno Cortés
En medio del debate sobre el papel del Estado en sectores estratégicos, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, salió a respaldar la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de recuperar concesiones mineras que no estaban siendo utilizadas.
Para entender el tema sin tecnicismos: una concesión minera es el permiso que otorga el Estado a una empresa o particular para explorar y explotar minerales en determinado territorio. El problema, según lo explicado por el propio gobierno, es que muchas de esas concesiones estaban “en papel”, es decir, asignadas pero sin inversión real ni generación de empleos. Terrenos concesionados que no producían ni desarrollo ni ingresos.
Monreal explicó que varias de estas concesiones fueron devueltas de manera voluntaria. No se trató —al menos en esta etapa— de una expropiación, sino de una devolución acordada. El objetivo, dijo, es que el Estado recupere esos permisos para eventualmente volver a concesionarlos a quienes sí estén dispuestos a invertir y detonar empleo en un sector que considera estratégico para el país.
Las cifras aún varían. Algunos hablan de 90 concesiones, otros de hasta 200. Más allá del número exacto, el mensaje político es claro: el gobierno busca ordenar el sector minero y evitar que existan permisos improductivos acumulados durante años o incluso décadas.
Desde la óptica económica, la medida tiene dos lecturas. Por un lado, recuperar concesiones inactivas puede abrir la puerta a nuevos proyectos con inversión fresca, generación de empleos y mayor recaudación. Por otro, envía una señal de que el Estado está revisando el uso efectivo de los recursos naturales, algo que forma parte de la política minera impulsada en los últimos años, con reglas más estrictas para evitar especulación.
Monreal fue enfático en que le parece positivo que el Estado recupere concesiones que no habían sido explotadas. En el fondo, el debate toca un punto sensible: quién y cómo se aprovechan los recursos naturales del país. La minería no solo implica oro, plata o litio; implica comunidades, impacto ambiental, empleos y cadenas productivas completas.
La decisión también se inserta en una visión más amplia de política pública donde el gobierno federal busca mayor control y supervisión sobre sectores estratégicos. La apuesta es que los permisos no sean un simple activo financiero guardado en un cajón, sino una herramienta real de desarrollo.
Ahora el siguiente paso dependerá de cómo y a quiénes se vuelvan a asignar esas concesiones recuperadas. Si se logra atraer inversión productiva con reglas claras, el movimiento podría traducirse en empleo y crecimiento regional. Si no, quedará como un ajuste administrativo sin mayor impacto.
Por lo pronto, desde el Congreso, el coordinador de Morena cerró filas con la presidenta y dejó claro que la recuperación de concesiones inactivas forma parte de la estrategia para que los recursos del país realmente se trabajen y generen beneficios tangibles.
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