Por Bruno Cortés
El Congreso se calentó —y no por los focos— cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, levantó la voz contra lo que llamó una “repartición a modo” de las licitaciones de carbón en Coahuila. Según el legislador, el gobernador Manolo Jiménez y Régulo Zapata Morales, un empresario señalado por su presunta implicación en la tragedia del Pinabete, son quienes controlan el negocio de los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Mejía narró que todo comenzó en una reunión de la Comisión de Energía, donde se abordó el tema de los proveedores de carbón para la CFE. Él, recién integrado a esa comisión, fue la voz de los mineros que —dice— quedaron fuera de los nuevos contratos, especialmente los pequeños productores de la zona carbonífera. Su intervención, sin embargo, encendió ánimos: “el gobernador mandó porros a insultarnos y ofendernos”, aseguró, dejando claro que el tema del carbón en Coahuila no sólo huele a polvo, sino también a poder y dinero.
El diputado explicó que Régulo Zapata, a través de terceros, “se está quedando con el 70% de la licitación del carbón” y que el resto de los contratos se reparten entre empresas ligadas al gobernador Manolo Jiménez. En pocas palabras, denunció un sistema cerrado donde los mismos de siempre se reparten los contratos públicos. Lo más grave —según sus palabras— es que Zapata sigue teniendo influencia a pesar de estar “implicado en el homicidio de las 10 personas del Pinabete”, la tragedia minera ocurrida en 2022 que aún deja heridas abiertas en la región.
Mejía no perdió la oportunidad de hacer memoria: recordó los casos Pasta de Conchos y El Pinabete, dos heridas históricas de la minería en Coahuila, ambas marcadas por negligencia y corrupción. Aplaudió los esfuerzos del gobierno federal y de Claudia Sheinbaum para recuperar los cuerpos de los trabajadores, pero subrayó que “mientras no haya justicia ni transparencia en las minas, la historia se repite”.
Durante el encuentro, el tema escaló al punto de la confrontación física. El diputado relató que fue agredido por un asistente identificado como Kalionchiz, “un sujeto menor”, dijo, quien lo insultó y empujó tras su intervención. “Yo me defendí, porque también sabemos hacerlo”, aseguró entre risas nerviosas.
Pese al altercado, Mejía quiso marcar distancia del pleito político y reconocer a otros legisladores, incluso del PAN, con quienes mantiene buena relación. “Hay gente muy seria y responsable, como Guillermo Anaya y Marcelo Torres. No tenemos afinidad ideológica, pero hay respeto”, comentó, dejando claro que su enfrentamiento no fue con la oposición en bloque, sino con quienes —a su juicio— “no tienen madurez ni templanza”.
Detrás del pleito y las declaraciones hay un tema de fondo: el control político y económico del carbón, un recurso clave para la generación eléctrica del norte del país. Las licitaciones de la CFE en Coahuila han sido objeto de críticas por beneficiar a los grandes acaparadores, mientras los pequeños productores siguen fuera del juego. En una región donde la minería es sustento, empleo y herida, las denuncias de Mejía resuenan fuerte.
La historia del carbón coahuilense no es sólo una cuestión de energía, sino de poder. Lo que el diputado del PT plantea es que el reparto del negocio no pasa por la eficiencia ni por la justicia social, sino por los vínculos políticos y empresariales que se heredan sexenio tras sexenio. Y mientras el polvo del Pinabete aún no se asienta, la pelea por quién reparte el carbón promete dejar más que chispas.
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