Por Bruno Cortés
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo, puso sobre la mesa una propuesta que, aunque suene técnica, ataca un problema que todos vemos diario: policías cansados, mal pagados y con una enorme carga emocional que puede terminar explotando en la calle. Su iniciativa busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los elementos —desde los operativos hasta los administrativos— se sometan no solo a los clásicos exámenes de control de confianza, toxicológicos y médicos, sino también a evaluaciones psicológicas obligatorias y periódicas.
La idea central es sencilla: así como un coche necesita servicio cada cierto tiempo para no fallar, un policía requiere revisiones constantes para asegurar que puede enfrentar sin riesgos el estrés de la chamba. Hoy, los exámenes psicológicos existen, sí, pero se aplican como requisito para entrar o cuando ya pasó algo grave. Es decir, se usan como “bombero”, no como “mantenimiento”. La diputada quiere que sea al revés: que sea preventivo, no reactivo.
La propuesta agrega un artículo 48 Bis y modifica los artículos 77 y 87 de la ley, y establece que estas evaluaciones deberán hacerse al menos una vez cada 12 meses. Si un elemento tiene un puesto más delicado —como operaciones especiales, manejo de armas o contacto frecuente con situaciones de alto riesgo—, las evaluaciones podrían ser más frecuentes. Todo quedaría asentado en su expediente profesional, pero con carácter confidencial, para que no se convierta en un arma laboral contra los policías.
¿Por qué importa esto? Porque el desgaste emocional no es un invento. Los policías enfrentan violencia, largas jornadas, falta de equipo, presión social y riesgo permanente. Eso, en cualquier persona, acumula tensión. Y cuando no se atiende, puede estallar: decisiones impulsivas, fuerza excesiva, desmotivación, problemas familiares o errores graves en operativos. La diputada lo dice claro: el país necesita policías que estén bien, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente.
Los datos respaldan la urgencia. La Enecap 2017 del Inegi señala que más del 75% de los policías operativos ha tenido que usar la fuerza en su trabajo. Y en 2022, la CNDH y sus contrapartes estatales recibieron más de 54 mil quejas por presuntas brutalidades o abusos cometidos por fuerzas de seguridad, incluyendo Ejército y Marina. No son números menores: son señales claras de que algo en el sistema operativo, emocional y humano del personal está fallando.
Por eso la diputada plantea que estas evaluaciones psicológicas no sean solo un trámite, sino una herramienta real para detectar a tiempo cualquier afectación y, sobre todo, prevenir riesgos tanto para los policías como para la ciudadanía. En pocas palabras, que el Estado deje de pedirles que sean “superhumanos” y empiece a tratarlos como personas que también necesitan cuidados para hacer bien su trabajo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se discutirá si se convierte en una política pública formal. De avanzar, sería un empujón importante para la profesionalización policial, un tema del que siempre se habla, pero que pocas veces se refleja en acciones concretas. Aquí, al menos, se está proponiendo cuidar a quienes deben cuidarnos.
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