Por Juan Pablo Ojeda
El Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado como una de las apuestas centrales de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, atraviesa su primer momento crítico apenas a cuatro meses de haber iniciado funciones. La renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada, marca la primera dimisión en la corta historia del organismo y prende focos de alerta sobre la solidez del nuevo modelo de administración del Poder Judicial.
El OAJ nació con la misión de administrar recursos, contrataciones y operación interna de juzgados y tribunales, tras la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. En pocas palabras, es el área que maneja el dinero, la logística y las decisiones administrativas del sistema judicial. Por eso, cualquier señal de inestabilidad en su interior tiene un impacto directo en la credibilidad de la reforma.
De acuerdo con información conocida dentro del ámbito judicial, la salida de Pérez Romo estaría relacionada con una investigación en curso por presuntas irregularidades en licitaciones adjudicadas de manera directa dentro del Poder Judicial de la Federación. Aunque hasta ahora no se han hecho públicos los detalles ni se han confirmado responsabilidades administrativas o penales, el contexto genera preocupación, especialmente porque el nuevo esquema buscaba precisamente mayor control y transparencia.
Con esta renuncia, el Pleno del OAJ quedó integrado únicamente por el mínimo legal de cuatro personas, lo que permite que el órgano siga operando, pero con un margen reducido para la toma de decisiones estratégicas. Actualmente lo conforman Néstor Vargas Solano, como presidente, junto con José Alberto Gallegos Ramírez, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero. La situación subraya la urgencia de cubrir la vacante para evitar parálisis o desgaste institucional.
La ley establece que, en caso de renuncia, la autoridad que realizó el nombramiento original debe designar al reemplazo para concluir el periodo restante, que es de seis años. En este caso, corresponde a la Suprema Corte nombrar a la nueva persona integrante del OAJ, ya que fue el máximo tribunal quien designó a la magistrada que dejó el cargo. Los otros integrantes del órgano fueron propuestos por el Ejecutivo federal y el Senado, como parte del equilibrio de poderes previsto en la reforma.
El episodio se convierte así en la primera prueba real del nuevo modelo de gobernanza judicial. Más allá del relevo inmediato, el caso pone a examen los mecanismos de control interno, rendición de cuentas y transparencia que la reforma prometió fortalecer. La forma en que la Corte atienda esta vacante y maneje el proceso será clave para medir si el rediseño del Poder Judicial logra cumplir su objetivo o si arrastra viejos problemas bajo nuevas estructuras.
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