Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se encendieron las alarmas: los refugios para mujeres víctimas de violencia, esos espacios que muchas veces son la única salida ante el infierno de la violencia doméstica, podrían desaparecer si el presupuesto federal sigue tratando de diluirlos en programas genéricos.
La diputada Muñoz Moreno recordó que la Red Nacional de Refugios (RNR) cuenta con 70 espacios distribuidos en todo el país, que no descansan nunca: operan las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con más de 50 organizaciones civiles. No son cifras menores: en los últimos años estos refugios han salvado la vida de 190 mil mujeres y de sus hijas e hijos. Sin embargo, el futuro de esta política pública parece pender de un hilo.
El origen de la Red se remonta a 2003, cuando nació bajo la Secretaría de Salud. Desde entonces, ha pasado de mano en mano: en 2020 se mudó a la Secretaría de Bienestar, en 2023 a la Secretaría de Gobernación, y después a la Secretaría de las Mujeres. Cada cambio, lejos de fortalecer el programa, trajo incertidumbre, trabas burocráticas y hasta recortes. Y aquí hay un punto clave: los refugios ofrecen ayuda inmediata sin pedir a la víctima que presente denuncia, algo que los diferencia de otros centros oficiales y que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
El problema está en el Presupuesto de Egresos. Mientras el famoso Anexo 13, que concentra el gasto en programas de igualdad, destina casi el 90% de los recursos a becas y pensiones sociales, los refugios quedan rezagados. Para ponerlo en perspectiva: el programa de fertilizantes recibe más dinero que la propia Secretaría de las Mujeres.
Desde la oposición, la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Movimiento Ciudadano, advirtió que fusionar el presupuesto de los refugios con otros programas “es mandar un mensaje de que no importan, de que son prescindibles”. Su compañera de bancada, Patricia Flores Elizondo, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue más directa: “nos cuesta trabajo encontrar en el PPEF dónde están las prioridades, y mi lucha será por las causas más vulnerables”.
El reclamo también vino desde la sociedad civil. Wendy Figueroa, directora de la RNR, señaló que si el dinero no se etiqueta claramente, estamos ante un caso de opacidad y de retroceso en los derechos humanos. “No es mentira que se esté fusionando el presupuesto de refugios, es real y pone en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños”, dijo tajante.
En medio de este debate, los refugios aparecen como el ejemplo más claro de cómo se mide la importancia de un programa en México: no por su impacto social, sino por el dinero que se le asigna. Y aquí la paradoja es dolorosa: mientras cada día se registran en promedio 10 feminicidios en el país y siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia, el único recurso inmediato para huir de esa realidad se tambalea.
La discusión ahora está en la cancha del Congreso, pero también en la mesa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández. Lo que está en juego no es un simple rubro contable: son vidas. Y como advirtió Muñoz Moreno en tribuna, “los refugios hacen lo que el Estado no hace: proteger la vida y la integridad de las víctimas de violencia. No puede invisibilizarse su causa”.
Deja una respuesta