Una reforma electoral no puede ser vista como un traje hecho a la medida de quien hoy gobierna. Si algo enseña la democracia es que las reglas deben servirle a todos, no solo a quienes ganaron la última elección. Pensar en cambios electorales que solo recojan la visión de la mayoría sería dejar fuera a casi la mitad del país, a ese 46 por ciento de mexicanas y mexicanos que no votaron por el gobierno actual y que también forman parte del sistema democrático.
Hoy, los partidos que integran la coalición gubernamental representan al 54 por ciento de los votantes. Es una mayoría legítima, sin duda, pero no absoluta ni total. Gobernar con esa mayoría implica una responsabilidad mayor: escuchar, incluir y construir acuerdos que trasciendan coyunturas políticas y colores partidistas. Una reforma electoral que ignore a las minorías no fortalece la democracia, la debilita.
El proceso de reforma político-electoral que está por iniciar abre una ventana clave para el país. No se trata solo de cambiar leyes o ajustar instituciones, sino de definir cómo queremos competir por el poder, cómo se cuentan los votos y cómo se garantiza que todas las voces tengan un espacio. Por eso, el llamado al gobierno y a su mayoría es claro: actuar con altura de miras y con visión de Estado.
Las democracias no son estáticas, se corrigen y se perfeccionan con el tiempo. Una reforma electoral debe servir para avanzar, para mejorar la representación, la confianza ciudadana y la equidad en la contienda, no para regresar a esquemas que generen desconfianza o exclusión. El objetivo no debería ser ganar la siguiente elección, sino dejar reglas más justas y sólidas.
México está ante la oportunidad de construir una mejor democracia para las generaciones que vienen. Desaprovechar este momento, cerrando el diálogo o imponiendo una sola visión, sería una tragedia histórica. Las reglas del juego democrático deben nacer del consenso, no de la imposición, porque solo así pueden durar y ser respetadas por todos.
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