Desde la Cámara de Diputados, la discusión sobre la reforma electoral empieza a tomar forma y lo hace con un mensaje que busca ir directo a una de las mayores preocupaciones del país: evitar que el crimen organizado se meta en las elecciones y termine decidiendo quién gobierna. En un encuentro reciente con integrantes del movimiento Somos MX, la presidencia de la Cámara abrió la puerta a recibir propuestas formales de ciudadanos y expertos justo cuando México entra a un año electoral clave.
La reunión dejó claro que el debate no será menor. Somos MX coincidió en casi todos los puntos de un decálogo de principios planteado para repensar las reglas electorales, con una sola diferencia relevante: la discusión sobre la segunda vuelta electoral. Este mecanismo, explicado de forma sencilla, busca que si nadie gana con mayoría clara en una primera elección, se vaya a una segunda ronda para que quien gobierne lo haga con un respaldo real de la mayoría y no con apenas 20 o 30 por ciento de los votos.
Pero más allá de tecnicismos, el punto que encendió el debate es uno que conecta con la vida diaria de millones de personas: impedir que los cárteles financien campañas, impongan candidatos o influyan en los resultados. La idea es simple y contundente: si se detecta dinero del narcotráfico en una elección, esa elección debe anularse. No como castigo político, sino como una defensa básica de la democracia y de los derechos de los ciudadanos a elegir libremente.
El mensaje también responde a la presión internacional. En un contexto donde desde Estados Unidos se lanzan declaraciones sobre posibles intervenciones para combatir a los cárteles, la postura es clara: la soberanía de México no se negocia. Combatir al crimen organizado es tarea de los mexicanos y de sus instituciones. Para eso se necesitan leyes sólidas desde el Congreso, acciones del Ejecutivo y resoluciones del Poder Judicial. Todo coordinado y con resultados visibles.
La reforma electoral aparece entonces como una oportunidad estratégica. No solo para limpiar las elecciones por dentro, sino para enviar una señal clara al exterior: México es un país democrático, con instituciones, con pluralidad y con capacidad para poner orden sin que nadie desde fuera tenga que hacerlo. Cuidar esta imagen también es clave para proteger la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, de la que dependen millones de empleos y las remesas que sostienen a muchas familias.
En este contexto, la apertura del Congreso a recibir propuestas ciudadanas busca sacar la discusión del pleito entre partidos y llevarla a un terreno más amplio, donde se hable de democracia, contrapesos y reglas claras. La idea es que las comisiones legislativas analicen, debatan y, si hay acuerdos, construyan una reforma que fortalezca al sistema electoral en lugar de debilitarlo.
El mensaje final conecta con otro tema sensible: la libertad de expresión. El asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz fue recordado como un ejemplo doloroso de por qué es urgente fortalecer las instituciones y garantizar que nadie sea silenciado por decir lo que piensa. La democracia no solo se juega en las urnas, también se defiende cuando periodistas y ciudadanos pueden expresarse sin miedo.
En resumen, la reforma electoral se perfila como un punto de quiebre. Puede ser la prueba de que México quiere elecciones limpias, sin dinero sucio, con gobiernos legítimos y con instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado desde la ley y no desde la imposición.
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