Por Bruno Cortés
En México, el juicio de amparo ha sido, durante casi dos siglos, la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos para defenderse del abuso del poder. Es el escudo que protege a la gente común —a ti, a mí, a una pequeña empresa o a un colectivo— cuando una autoridad toma una decisión injusta o arbitraria. Pero hoy, ese escudo podría estar en riesgo.
El abogado y exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro, una de las voces más respetadas en materia constitucional, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo que discute el Congreso no solo cambia unas cuantas palabras técnicas: “debilita el corazón del amparo”, dijo sin rodeos.
¿Y qué significa eso en palabras sencillas? Que si esta reforma avanza, las personas podrían quedarse sin protección inmediata ante abusos del gobierno o errores de la autoridad. En el amparo existe una figura llamada suspensión, que básicamente sirve para ponerle “pausa” a un acto injusto mientras un juez decide si es legal o no. Por ejemplo, si el gobierno te quiere clausurar tu negocio sin motivo, el juez puede otorgarte una suspensión para que sigas operando mientras revisa el caso.
Sin embargo, la minuta que viene del Senado de la República busca limitar ese poder de los jueces. En palabras de Gómez Fierro, eso “es regresivo y vulnera el Estado de derecho”. Porque si se elimina o se debilita la suspensión, los actos de autoridad podrían ejecutarse de inmediato, y cuando el juez finalmente resuelva —quizás meses después—, ya sería demasiado tarde para reparar el daño.
Pensemos en el ejemplo que el propio exmagistrado dio: una pequeña o mediana empresa que pierde su permiso para operar. Si no se le concede la suspensión y el trámite tarda medio año, para cuando un juez le dé la razón, la empresa ya habría quebrado. “La sentencia ya no te sirve de nada”, resumió.
Más allá de tecnicismos legales, lo que está en juego es el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la gente. El juicio de amparo no es propiedad del Poder Judicial —como recordó Gómez Fierro—, sino una conquista de los ciudadanos frente al abuso. Es, literalmente, el instrumento que mantiene a raya los excesos del poder público.
El exmagistrado también subrayó que esta reforma no puede analizarse de manera aislada. Llega justo un año después de la reconfiguración del Poder Judicial, una reforma que ya había reducido su fuerza como contrapeso político. Y en política, los tiempos nunca son casualidad.
Si se aprueba la reforma en los términos actuales, el riesgo es que los ciudadanos pierdan una defensa efectiva frente a actos arbitrarios, y que el equilibrio entre poderes se incline aún más hacia el Ejecutivo. En pocas palabras: el gobierno tendría más poder y la gente, menos protección.
Gómez Fierro confía en que las y los diputados escuchen a especialistas y ciudadanos antes de votar. “El amparo no es del Poder Judicial, es de la gente”, insistió. Porque si se debilita, no solo pierden los jueces, pierden también los ciudadanos, las empresas, y la democracia misma.
Hoy, más que una discusión legal, lo que está sobre la mesa es qué tanto poder queremos dejar en manos del Estado y qué tan protegidos queremos estar frente a sus errores o abusos.
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