Por Bruno Cortés
En el Congreso se encendió la polémica porque lo que acaba de pasar en el Senado no es cosa menor. Legisladores de Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la Ley de Amparo que, según la oposición, pega directo a los derechos de los ciudadanos más vulnerables. ¿Por qué? Porque metieron un artículo transitorio que ordena aplicar la ley de manera retroactiva a miles de juicios de amparo que ya estaban en trámite. Dicho en simple: personas que ya estaban peleando sus derechos en tribunales podrían perder esa defensa de un plumazo.
El diputado Jorge Triana Döring no se guardó nada y calificó la jugada como una “canallada”, parte del famoso “Plan C” con el que Morena busca concentrar más poder. Explicó que este cambio no sólo complica las cosas a quienes tienen dinero para pagar un abogado, sino que sobre todo deja indefensos a quienes dependen de colectivos y organismos de derechos humanos para que los representen.
Lo más delicado, señaló, es que el Gobierno Federal sabe cuáles casos ya tiene prácticamente perdidos en tribunales y, con esta modificación, busca revertirlos “a la mala”. En otras palabras: cambiar las reglas del juego a medio partido.
Además, la oposición advierte que ni siquiera hay un consenso dentro del oficialismo. La presidenta Claudia Sheinbaum, según dicen, no avaló este cambio y el que la empujó fue el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Esto abre una grieta interna porque, en teoría, Sheinbaum quiere marcar distancia de reformas que se perciban autoritarias, pero en los hechos el Senado avanzó con su propia agenda.
Por eso, en la Cámara de Diputados piden que el tema no se apruebe “al vapor”. Exigen Parlamento Abierto, es decir, mesas públicas para escuchar a especialistas, colectivos y ciudadanos. De lo contrario, señalan, sería una grosería legislativa aprobar algo de este calibre sin debate.
En resumen, lo que se discute es mucho más que un tecnicismo legal: se trata de si los ciudadanos podrán seguir usando el amparo como escudo frente a abusos de autoridad. Y ese es un derecho que, en México, ha sido históricamente la última línea de defensa frente al poder.
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