Carlos Lara Moreno
El Gobierno de México defendió este viernes la reforma a la Ley de Amparo, actualmente en análisis en el Senado, al destacar que su objetivo es modernizar el sistema judicial, agilizar procesos y fortalecer la defensa de los derechos fundamentales. Tanto la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, como el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, coincidieron en que la iniciativa no limita derechos, sino que adapta la figura del amparo a las exigencias del presente.
Justicia pronta y digital
Godoy Ramos recordó que el amparo es el medio de defensa por excelencia de la ciudadanía mexicana, pero en su tramitación actual resulta lento, técnico y rezagado frente a los avances tecnológicos. La reforma, señaló, busca establecer plazos procesales claros —seis meses para juicios fiscales y hasta un año en materia penal, dependiendo de la gravedad de la pena— con el fin de garantizar una justicia pronta y expedita.
“Ampararse para defender derechos es justicia; ampararse para ocultar delitos es impunidad”, afirmó, al detallar que la iniciativa incorpora un modelo de juicio digital con plena validez legal, sin sustituir los procedimientos documentales tradicionales. Además, introduce reglas precisas para la suspensión de actos reclamados, protegiendo tanto los derechos individuales como la estabilidad del sistema financiero.
Críticas y aclaraciones
Por su parte, Arturo Zaldívar rechazó los señalamientos que califican la reforma como regresiva. Explicó que la figura del interés legítimo —clave en la defensa de derechos colectivos como los ambientales— no se elimina ni se restringe; al contrario, se aclara y sistematiza con base en la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, aclaró que las nuevas disposiciones sobre la suspensión en casos de cuentas bancarias bloqueadas responden a la necesidad de combatir eficazmente el lavado de dinero y las operaciones de la delincuencia organizada. Recordó que, en el pasado, la Ley de Amparo se ha ajustado para evitar abusos, como ocurrió con giros negros, casas de apuestas o deudores alimentarios.
“Es falso que se limite el amparo. Se trata de actualizarlo y hacerlo más eficaz. Si una persona demuestra que no está vinculada a la delincuencia, la suspensión procede y se desbloquea su cuenta. No hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos”, subrayó Zaldívar.
Derechos humanos y fortalecimiento del Estado
El paquete de reformas, coincidieron ambos funcionarios, fortalece las capacidades del Estado para garantizar la tutela judicial efectiva, respetando siempre los derechos humanos. Entre los cambios también se contempla la protección de la identidad de juezas y jueces en casos de delincuencia organizada, la digitalización de notificaciones y reglas claras para el cumplimiento de sentencias.
Godoy y Zaldívar enfatizaron que esta reforma consolida al amparo como un escudo ciudadano, reconocido internacionalmente, pero al mismo tiempo lo moderniza para evitar abusos y responder a los desafíos actuales en materia de justicia y seguridad.
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