Por Bruno Cortés
En un país donde hablar de reformas electorales levanta más cejas que una cuenta de restaurante sin dividir, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, salió a plantear lo que, según él, debería ser el verdadero sentido de cambiar las reglas del juego democrático: hacerlo más justo, más barato y más independiente.
Desde el Senado, en plena sesión de la Comisión Permanente, Ramírez Cuéllar no se anduvo por las ramas. Dijo que, si se va a reformar el sistema electoral, hay que comenzar por algo básico pero clave: que las minorías políticas realmente estén representadas en la Cámara de Diputados. Porque, aunque suene lógico, no siempre sucede.
Explicó que el Senado debe seguir enfocado en representar a los estados —como se pensó desde un inicio—, por lo que no le ve sentido a tener listas nacionales ahí. Pero en la Cámara de Diputados, que es donde se supone que está la voz del pueblo, sí es urgente encontrar un mecanismo que garantice la inclusión de todas las corrientes políticas. Porque si no están todos en la mesa, ¿cómo vamos a decir que es una democracia representativa?
Y ya que estamos hablando de política, pues sí: también tocó el tema del dinero que se llevan los partidos políticos, que no es poca cosa. Propuso cortar el grifo del financiamiento público… pero solo para el día a día de los partidos. Es decir, que sigan recibiendo recursos para campañas, pero que los gastos operativos —oficinas, sueldos, cafés y demás— los paguen ellos con sus propios recursos. En pocas palabras: “si quieren partido, manténganlo ustedes”.
No se quedó ahí. También habló de la necesidad urgente de proteger al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral (o como termine llamándose si hay reforma), y de blindarlo contra presiones externas. Lo más importante, dijo, es que ese órgano sea profesional, imparcial y limpio en su actuación. Porque si la gente no confía en el que cuenta los votos, entonces ya perdimos todos.
Uno de los puntos que más resonó fue el relacionado con la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Ramírez Cuéllar no lo disfrazó: reconoció que es una realidad y que no se puede permitir que grupos criminales financien campañas. Propuso más coordinación entre autoridades de justicia y fiscalización para cerrarles la puerta de una vez por todas. Porque si los narcos eligen candidatos, no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otra cosa.
También salió a defender la creación de la Comisión Presidencial que analizará la propuesta de reforma electoral. Aseguró que nadie debería espantarse con su existencia y que el verdadero debate se va a dar en el Congreso, donde prometió que habrá Parlamento Abierto, o sea, diálogo con especialistas, sociedad civil y todos los actores que quieran opinar.
En resumen, lo que plantea Ramírez Cuéllar no es poca cosa: una transformación de fondo en el sistema político, donde la representación sea real, el gasto se reduzca, y el árbitro sea confiable. Suena bien, aunque como siempre, el diablo está en los detalles. Lo que es claro es que la discusión apenas empieza, y si va en serio, tiene que tocar los temas incómodos que por años se han dejado de lado.
Porque más allá de colores, banderas o siglas, lo que está en juego es que las reglas electorales sirvan de verdad a quienes votan… no a quienes se reparten el poder.
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