Por Bruno Cortés
En su primer informe legislativo, la diputada Rafaela Vianey García Romero, de Morena, aseguró que la llamada Cuarta Transformación ya no es solo un discurso, sino una serie de cambios legales y políticos que hoy se sienten en los hogares mexicanos. Según explicó, las reformas aprobadas en el Congreso no solo se quedaron en papel, sino que se traducen en apoyos sociales, derechos reconocidos y programas que ya alcanzan a ocho de cada diez familias en el país.
La legisladora señaló que el Congreso ha aprobado un paquete importante de transformaciones: 19 modificaciones a la Constitución y 40 nuevas leyes que, en palabras de ella, sirvieron para “reparar el daño” de los años neoliberales. En términos sencillos, dijo, se buscó garantizar que los derechos de la gente no dependan del gobierno en turno, sino que estén protegidos por la ley.
Entre los cambios más destacados mencionó la reforma al Poder Judicial, que ya se reflejó con la entrada de nuevos ministros y ministras en la Suprema Corte, así como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con el objetivo de dar más certeza en temas de seguridad. También resaltó la reforma al artículo segundo constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, algo que históricamente se les había negado.
En el terreno económico, la diputada recordó que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para fortalecer a Pemex y a la CFE, empresas que considera estratégicas para garantizar energía accesible y recuperar soberanía frente a los intereses privados que se privilegiaron en 2013.
Además, subrayó la aprobación de leyes con impacto en la vida cotidiana: desde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la prohibición de vapeadores y maíz transgénico, hasta la incorporación de la extorsión como delito grave. También se modificó la ley del Infonavit para garantizar vivienda, con la meta de construir un millón 700 casas durante este sexenio, enfocadas principalmente en comunidades indígenas, mujeres jefas de familia y jóvenes.
En su intervención, García Romero insistió en que lo más relevante es que el dinero de los programas sociales ya no es visto como un favor, sino como un derecho. Recordó que en diciembre pasado se aprobó un presupuesto cercano a un billón de pesos para apoyos como pensiones, becas y subsidios, lo que asegura que la mayoría de las familias mexicanas reciba directamente beneficios. “Hoy la gente ya no es tratada como clientela electoral, sino como ciudadanos con derechos”, subrayó.
De manera personal, la diputada ha promovido iniciativas polémicas, como la de reducir el financiamiento a los partidos políticos, pues asegura que actualmente reciben más dinero del que se destina a programas de salud en comunidades o al desarrollo de cientos de municipios. Su propuesta busca cortar al menos a la mitad esos recursos, lo que implicaría ahorros por más de 3 mil 500 millones de pesos.
En su lista también hay proyectos sobre lenguaje incluyente, eliminación del fuero constitucional y propuestas para mejorar la comunicación política en el país. Aseguró que todas forman parte del proyecto de nación de la 4T, que seguirá discutiéndose en la próxima reforma electoral.
Finalmente, anunció que emprenderá un recorrido de 13 días por municipios de Puebla para acercarse a la gente, rendir cuentas y explicar en territorio los cambios legislativos que, según afirma, buscan consolidar un estado de bienestar más justo e incluyente.
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