Por Bruno Cortés
En San Lázaro, y aprovechando el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varias diputadas hicieron algo que suele faltar en la política mexicana: sentarse a escuchar. No discursos huecos, no posturas partidistas, sino testimonios y datos que muestran por qué la violencia familiar sigue siendo una emergencia nacional que se respira en miles de hogares sin que llegue a los reflectores.
La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, convocó al foro “Que hablen ellas y que escuchemos todos”, un espacio pensado para entender cómo empieza realmente la violencia y por qué no basta con mirar los golpes. Ella lo explicó de forma muy clara: antes del primer golpe hay silencios que incomodan, controles disfrazados de “cuidado” y miedos que se van metiendo en la vida diaria. La violencia no aparece de la nada; se cocina despacio y en silencio.
Ruiz Moreno insistió en algo que desde afuera parece obvio, pero que en el Congreso cuesta trabajo aceptar: este tema no puede tener colores. No hay agenda roja, azul o verde cuando se trata de proteger a niñas, niños y mujeres. Si cada partido lo jala hacia su esquina, se pierde lo más valioso: la coordinación para diseñar políticas públicas que sí funcionen.
Durante el foro se presentaron dos ponencias que abrieron el panorama: una analizó cómo la violencia marca el destino de las infancias, y otra habló del papel de la mujer como fuerza transformadora dentro de la sociedad. La explicación fue sencilla pero contundente: cuando una niña crece rodeada de miedo, crece con menos oportunidades. Cuando una mujer enfrenta violencia, también se afecta su trabajo, su salud y su entorno. De ahí que combatir este problema sea también una política económica y social.
La diputada Xitlalic Ceja García puso el dedo en la llaga: la Ciudad de México ocupa el primer lugar en llamadas de emergencia por violencia familiar. Y aunque suene duro, dijo una verdad incómoda: de poco sirven talleres, campañas o foros si el Congreso no asigna recursos suficientes para fiscalías, refugios y atención especializada para víctimas. Con más del 90 por ciento de denuncias que no llegan a nada, queda claro que el sistema no está respondiendo. Aun en zonas urbanas, muchas mujeres pierden horas en filas, enfrentan trato revictimizante o personal sin capacitación. Eso también es violencia.
La diputada Guerrero Esquivel añadió una visión generacional: esto no se va a resolver si no entra la juventud. No sólo como espectadores, sino como agentes activos que cuestionen lo que siempre se dio por hecho. La violencia —dijo— afecta a todos, pero las mujeres la viven con una crudeza distinta, y normalizarla sólo garantiza que se herede.
Otro participante, Joshua Rodríguez, secretario técnico de Política Juvenil Internacional, recordó que el 25N no debe quedarse en una fecha simbólica. Lo llamó un recordatorio para poner empatía en el centro y para impulsar cambios reales desde el hogar, la escuela y las comunidades. Su frase más celebrada fue la de “Mexican Girl Power”, un tipo de fuerza social que no viene de discursos triunfalistas, sino de la seguridad de que cada mujer tenga un entorno donde no tenga que vivir con miedo.
En resumen, el foro dejó algo claro: hablar de violencia es incómodo, sí, pero necesario. Y si la Cámara de Diputados quiere realmente cambiar las cosas, no basta con escuchar —hay que legislar, presupuestar y supervisar. Cuando el Estado se hace presente con políticas públicas bien financiadas, con instituciones que sirven y con campañas que cambian mentalidades, se construye un país donde la dignidad se respete todos los días, no sólo el 25 de noviembre.
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