Por Bruno Cortés
En San Lázaro comenzó a moverse una iniciativa que pone sobre la mesa una realidad incómoda pero urgente: el embarazo adolescente en México y la falta de políticas públicas pensadas específicamente para las niñas y adolescentes que enfrentan esta situación. La diputada priista Ana Isabel González González presentó una reforma para que el Estado deje de improvisar y, por ley, diseñe políticas públicas claras, coordinadas y con enfoque de derechos para quienes viven una gestación a edad temprana.
La propuesta busca que no se trate el embarazo adolescente solo como un tema de salud, sino como un fenómeno que atraviesa la educación, la alimentación, la estabilidad emocional y el futuro de miles de jóvenes. En palabras simples, la iniciativa plantea que el gobierno acompañe a estas niñas y adolescentes para que no tengan que abandonar la escuela, reciban atención médica adecuada, cuenten con apoyo psicológico y no sean discriminadas por su condición.
Para lograrlo, la diputada propone agregar un artículo 17 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de obligar a las autoridades a actuar de manera coordinada y con corresponsabilidad institucional. Esto significa que no solo una dependencia cargue con el problema, sino que salud, educación y desarrollo social trabajen juntas, siempre poniendo por delante el interés superior de las hijas e hijos que están por nacer.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, donde se analizará su viabilidad, alcances presupuestales y posibles ajustes. En el fondo, el planteamiento responde a una realidad alarmante: México sigue estando entre los países con mayores tasas de embarazo adolescente, tanto en América Latina como entre los integrantes de la OCDE.
Las cifras oficiales respaldan la urgencia del tema. De acuerdo con datos del Inegi, cada año nacen alrededor de 340 mil bebés de madres menores de 19 años. Para la diputada González, estas cifras reflejan una problemática compleja que afecta directamente la salud, el desarrollo personal y las oportunidades de vida de miles de jóvenes, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad.
El embarazo adolescente, explica la legisladora, no solo implica un reto médico. Muchas jóvenes enfrentan estigmatización social, abandono escolar, dificultades para encontrar empleo y barreras para acceder a servicios de salud y educación sexual integral. A ello se suman factores más profundos, como la violencia sexual, relaciones desiguales de poder y situaciones donde el consentimiento está condicionado por la dependencia económica o la coerción.
La diputada también pone el dedo en un tema que pocas veces se discute abiertamente: las normas culturales y estereotipos de género que romantizan la maternidad temprana y normalizan que niñas y adolescentes asuman responsabilidades para las que no están preparadas. Desde su perspectiva, mientras estas ideas sigan vigentes, el problema seguirá repitiéndose generación tras generación.
Por eso, la reforma no se limita a ofrecer apoyos materiales. El enfoque es integral: atender las necesidades emocionales, educativas y sociales de las madres adolescentes, siempre bajo principios de equidad, derechos humanos y no discriminación. La apuesta es clara: que el embarazo no condene a una niña o adolescente a truncar su proyecto de vida.
En términos de política pública, la iniciativa busca pasar del discurso a la acción y sentar bases legales para que el Estado mexicano responda con mayor seriedad a un problema que lleva años en la agenda, pero que sigue afectando a cientos de miles de familias cada año.
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