Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó advertencias sobre la iniciativa de Ley de Aguas que está en discusión. Según el legislador, hay preocupaciones que no han sido tomadas en cuenta por quienes impulsan la reforma y, además, el proyecto no garantiza más producción agrícola. “Nos dicen que quieren que haya distritos de riego, que se produzca más. Pues creo que eso todos lo queremos, pero la ley que se está presentando no nos lleva exactamente a eso”, explicó.
Moreira Valdez aclaró que no se trata de un conflicto personal ni político, sino de un tema de interés nacional. Señaló que la autoridad debería identificar quiénes están acaparando agua y determinar si ese acaparamiento fue legal o ilegal, porque simplemente prohibir o culpar sin evidencia no resuelve el problema. También recordó que el derecho humano al agua está en la Constitución desde 2012, pero que el consumo humano representa menos del 8% del agua disponible a nivel nacional, y que en la Ciudad de México, cerca del 40% del agua que llega a la red se desperdicia. “Esto hay que diferenciarlo y compaginarlo con el derecho a la alimentación”, dijo.
El diputado subrayó que México tiene realidades muy diversas: molestia entre ganaderos, falta de consenso con la industria minera y contradicciones con la Constitución en la captación de agua de lluvia. Por ejemplo, señaló que la ley propone que para acumular agua pluvial se necesiten permisos, algo que, según él, va en contra del artículo 27 constitucional que protege parte del agua como propiedad de las personas. Moreira insistió en que, en un contexto de crecimiento económico lento, imponer normas sin un amplio consenso puede ser contraproducente.
Por otro lado, criticó la regulación de los vapeadores que también se discute en el Congreso. La calificó de “excesivamente punitiva” y advirtió que convertir la compra de un vapeador en un delito con penas severas no aumenta la seguridad, sino que genera injusticias y afecta a personas con adicciones. Según el legislador, el dictamen de vapeadores ocupa 700 páginas y contiene otras normas que centralizan decisiones de manera excesiva.
En pocas palabras, Rubén Moreira llamó a construir leyes más equilibradas y consensuadas, que protejan el derecho humano al agua, fomenten la producción agrícola y eviten sancionar a quienes sufren adicciones, todo mientras se busca la estabilidad económica y social del país.
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